Chile está regulando el lobby

En Chile la legislación que está en tramitación aborda la definición formal de lobby, la especificación de las actividades en las que se puede hacer, la creación de un registro de lobbystas de acceso público, deberes de información de actividades con los representantes, códigos de conducta y sanciones para quienes contravengan esos códigos.

Además establece la obligación de las autoridades públicas de dar a conocer las audiencias y reuniones que tengan en el ejercicio de sus funciones.

Por último, y esto es algo novedoso, se establece la prohibición de los lobbystas, y de aquellas personas que han contratado los servicios de un lobbysta, de financiar a los políticos.

Interesante artículo en Libertad Digital

Habitualmente la reforma de la legislación sobre el lobby se centra en evitar la compra de voluntades por parte de aquellos que buscan su atención. Las formas de obtenerla son tan diversas, desde la compra del voto hasta la relación sentimental, que todo intento de regulación acaba desgastándose y cayendo en desuso, superado por las circunstancias. De ahí que este artículo que hoy publica libertad digital, que renuncia a la posible solución táctica del problema y apunta a una solución estratégica de fondo, resulte de interés:

Desde que el New York Times publicara como noticia de portada una supuesta relación inapropiada entre el senador McCain y Vicki Iseman, integrante de un lobby de telecomunicaciones, nos hemos hartado de oír hablar de los males del "tráfico de influencias".

El día que salió la noticia, el senador Barack Obama decía en su debate con Hillary Clinton: "Washington se ha convertido en un lugar donde los ideales perecen... Perecen porque los integrantes de grupos de presión y grupos de intereses especiales llevan las riendas de la agenda política". A continuación, Ralph Nader afirmaba que se presentaría de nuevo a las presidenciales porque Washington es "territorio ocupado por los empresarios, todo departamento o agencia estatal está controlada por la atosigante presencia de personas que defienden los intereses de las empresas..."

A los defensores del "buen Gobierno" como Ralph Nader les encanta denigrar el acogedor ambiente en el que los miembros del Congreso y los integrantes de los lobbies empresariales se reúnen y hasta socializan. Advierte de que esto proporciona una ventaja injusta a los grupos que defienden intereses particulares. Tiene algo de razón. Los grandes intereses económicos se pueden permitir pagar a un lobby que genere cantidades ingentes de información sobre sus industrias y sobre su "necesidad" de un trato legislativo especial por parte del Congreso. En estas circunstancias, ¿qué oportunidades tienen las masas de contribuyentes desorganizados?

La Escuela de Elección Pública denomina este fenómeno el problema de los beneficios concentrados y los costes dispersos. Los integrantes individuales de grupos de interés relativamente pequeños están en posición de obtener enormes beneficios cuando presionan para obtener favores del Estado, pero cada contribuyente solamente paga una pequeña porción del coste de cualquier programa particular, haciendo que la oposición a él resulte inútil.

Por ejemplo, los consumidores de azúcar superan con creces a sus productores, pero las ventajas de una intervención en este mercado para mantener el azúcar extranjero fuera del mercado y elevar los precios del nacional benefician a cada productor mucho más de lo que perjudican a cada consumidor individual. Los cultivadores de azúcar poseen un incentivo para contratar especialistas en técnicas de lobby a tiempo completo, los consumidores no. De manera que la minoría se impone. El repugnante, injusto y caro programa de apoyo al azúcar ser renueva año tras año.

Los defensores del "buen gobierno" denuncian con razón este tráfico de influencias, pero proponen reformas baladíes, tales como la prohibición de regalos sufragados por los lobbies, los banquetes y los viajes a bordo de los aviones privados de los empresarios. También respaldan restricciones a la financiación de las campañas electorales para reducir la influencia de los grupos de presión en los procesos electorales. A pesar de todas estas "reformas", el tráfico de influencias continúa, como no podía ser de otra manera, porque ninguna de las reformas ataca la raíz del problema.

El origen del problema es el poder del Estado. Cuando el Estado es libre para entrometerse en cada rincón de nuestras vidas y para regular la economía a través de impuestos, normas y subvenciones, entonces los miembros de los "intereses especiales" cuentan con todos los incentivos del mundo para trabajarse a los políticos a fin de conservar su parte del pastel u obtener un trato de favor.

Un impuesto, una regulación o una subvención pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una industria. Si el Estado no proporcionase un trato fiscal preferente al etanol, los cultivadores de maíz y las procesadoras de etanol tendrían que buscarse otra cosa para salir adelante, porque en condiciones de juego limpio su producto no puede competir contra la gasolina común.

En un mercado realmente libre, una empresa sólo tiene éxito si produce cosas que los consumidores deseen comprar y si mantiene los costes lo suficientemente bajos como para que el precio de mercado rinda un beneficio. Tristemente, en nuestra economía mixta el éxito puede lograrse de otra manera: presionando al Gobierno para obtener ventajas sobre la competencia. La perspectiva de intervención estatal favorable genera incentivos para que los productores y sus expertos en influir al Gobierno se esfuercen por satisfacer a legisladores y a burócratas, y no al consumidor. El escenario resultante es una carrera por obtener privilegios, el marco en que se desarrollan las relaciones ilícitas que tanto preocupan a los reformistas.

Lo irónico es que los partidarios de imponer la ley a rajatabla favorecen al mismo tiempo la expansión del Estado, de manera que socavan sus propios esfuerzos por eliminar la corrupción. Es ingenuo pensar que el Estado pueda ostentar el poder de conceder tratos de favor sin que al mismo tiempo organice una merienda de negros formada por lobbies intentando hacerse con una parte de ellos. Ningún código de buen gobierno puede evitar los tejemanejes entre los que ostentan el poder y aquellos que buscan beneficiarse de él. Pensar lo contrario es ignorar la naturaleza humana.

Existe un camino para aislar el sistema político de este tipo de corrupción: reducir drásticamente el poder del Estado, tal como pretendían los fundadores de los Estados Unidos. Solamente cuando eliminemos la capacidad del Estado de entrometerse en las empresas, estas dejarán de medrar en asuntos de Estado. Un mercado genuinamente libre y no lastrado por la interferencia estatal es el camino a una política más limpia.

John Stossel

© Creators Syndicate, Inc.