Algunas noticias recientes respecto a la dedicación profesional de algunos diputados han generado cierto debate mediático. Aunque este debate se ha planteado en términos equivocados como la cantidad de dinero que "se levantan" fuera de la Cámara y lo poco que se aplican en sus escaños, a mi me parece que merece una reflexión más profunda.
La compatibilidad del puesto de Diputado con otras labores privadas está muy extendida en nuestros parlamentos, nacional y autonómicos, que parecen asumir que a los diputados les sobra el tiempo y les falta el dinero (este es el quid de la cuestión).
El tema es relevante en este blog porque si hacemos caso a lo publicado en estos días muchos de ellos desempeñan labores de intermediación (De lobby) desde sus despachos de abogados, causa de compatibilidad más frecuente, o desde determinadas empresas. Su valor, imagino que bien remunerado, es su capacidad de acceso a distintas instituciones públicas en las que se adjudican contratos o se discuten regulaciones que afectan de manera directa a sus empleadores. Es cierto que esta facilidad de acceso se debe más a su condición de miembro de un partido político, con cierta cercanía a los cargos de esos partidos, que a su condición de diputado cuya ámbito de influencia es más reducido, pero que un diputado defienda intereses privados dentro o fuera de la cámara, a cambio de una contraprestación, habitualmente económica, merece una revisión.
Así lo han planteado el PSOE e IU-ICV que han presentado sendas PNL sobre la cuestión. Fundamentalmente ambas optan por la publicidad a las actividades profesionales de los diputados, una especie de Registro Público de libre acceso que actuaría como elemento disuasorio. Actualmente para acceder a la información sobre las actividades profesionales de los diputados se requiere una petición previa a la Mesa del Congreso, que deberá autorizarlo.
También pretenden elaborar una serie de recomendaciones dirigidas a la subcomisión que estudia la reforma de la Ley Electoral, en la medida en que se delimite mejor el régimen de incompatibilidades. También solicitan que quede clara la competencia de la Comisión del Estatuto del Diputado para analizar e investigar si el ejercicio concreto de la compatibilidad otorgada a los diputados se ajusta a lo reglamentado.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado en rueda de prensa que este asunto es "tan vidrioso" que lo más idóneo sería incompatibilizar cualquier actividad remunerada ajena a la extensión del carácter de diputado. Quizás eso vaciaría los escaños en nuestros parlamentos pero quién sabe si sería la única forma de separar un poco más política y dinero.
miércoles, 25 de marzo de 2009
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