La semana pasada (9 de marzo) el Centro Europeo de Relaciones Gubernamentales presentó en Bruselas una investigación cualitativa sobre la visión del lobby y más concretamente sobre el registro voluntario de lobistas puesto en práctica por la Comisión Europea.
Curiosamente, el 55% de las federaciones o patronales, el 53% de las consultoras o despachos y el 41% de las empresas consultadas no tenían intención de participar en el registro voluntario que inició el pasado mes de Junio. (La encuesta fue respondida por 312 entidades). Sin embargo, la mayoría de estas entidades veían positivamente que la Comisión Europea hubiera presentado la Iniciativa de Transparencia Europea y apoyaban las medidas de transparencia en general.
Leyendo los datos, desde que se inició el registro he observado que las multinacionales o grandes corporaciones han sido las más rápidas en inscribirse, a diferencia de las patronales o federaciones y los despachos de consultoría o abogados. Posiblemente las multinacionales han visto más nítidamente la necesidad de inscribirse para mantener y consolidar su transparencia de cara a la Comisión Europea.
En las encuestas también se observa que se pide que haya mayor claridad sobre algunos temas del Registro. Especialmente sobre la información económica que hay que entregar o la distinción entre actividades de lobby y las actividades “legales” de los despachos de abogados.
La primera tarjeta roja del Registro la recibió la consultora de Public Affairs GPlus, empresa con oficinas en Londres, París y Bruselas, que a finales de enero fue excluida temporalmente del registro por no mencionar a tres de sus clientes. Al respecto, GPlus declaró que no había incluido los nombres de esos clientes porque así se lo habían pedido dichas empresas.
Al día de hoy hay 1289 entidades registradas. De las cuales 718 son multinacionales y patronales, 304 ONG's y Think Tanks, 69 despachos de consultoría (de los cuáles sólo 5 despachos de abogados).
Dentro de tres meses y después de las elecciones parlamentarias europeas la Comisión revisará de nuevo el registro voluntario de lobbistas, que no parece dar los frutos esperados. ¿La Comisión convertirá el registro en obligatorio? Y como en otras ocasiones, lanzo la pregunta, ¿y en España habrá algún tipo de regulación al respecto?
Seguiremos informando...
martes, 17 de marzo de 2009
miércoles, 4 de marzo de 2009
¿Pero los sindicatos hacen lobby?
En diversas ocasiones hemos explicado cómo los gobiernos desarrollan acciones de lobby. Hemos observado acciones de lobby de las patronales empresariales y en el último día expuse un ejemplo de cómo los municipios o ayuntamientos hacen lobby. Sin embargo, más de uno me ha preguntado si los sindicatos son o hacen lobby.
Recientemente el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, hablando del diálogo social iniciado por el Gobierno en estos momentos de crisis, afirmó que la función de los sindicatos es la de ser interlocutores sociales sin caer en la "tentación" de ejercer de 'lobby'.
Académicamente es muy discutible que los sindicatos españoles sean lobbies como tal, ya que se trata de estructuras recogidas en la Constitución que representan los intereses generales de diversos sectores de la sociedad. Se podría aceptar que los lobbies, por el contrario, representan intereses concretos de empresas, entidades con intereses privados o grupos con intereses más específicos.
Sin embargo, las acciones propias de lobby son ejercidas también por los sindicatos. Más aún, los lobbistas podemos aprender mucho de sus formas de actuación. Los sindicatos realizan permanentemente acciones de presión, organizan huelgas, elaboran informes de denuncia o alerta frente a determinados problemas enquistados, proponen foros de discusión y establecen agendas de contacto con los diversos gobiernos.
Como le sucede a Fernández Toxo, probablemente a los sindicatos les podrá chirriar que se les tilde de emprender acciones de lobby, por el contrario, deberían enorgullecerse, ya que el lobbying consiste precisamente en defender con eficacia y legalidad los propios intereses frente a las Autoridades.
Recientemente el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, hablando del diálogo social iniciado por el Gobierno en estos momentos de crisis, afirmó que la función de los sindicatos es la de ser interlocutores sociales sin caer en la "tentación" de ejercer de 'lobby'.
Académicamente es muy discutible que los sindicatos españoles sean lobbies como tal, ya que se trata de estructuras recogidas en la Constitución que representan los intereses generales de diversos sectores de la sociedad. Se podría aceptar que los lobbies, por el contrario, representan intereses concretos de empresas, entidades con intereses privados o grupos con intereses más específicos.
Sin embargo, las acciones propias de lobby son ejercidas también por los sindicatos. Más aún, los lobbistas podemos aprender mucho de sus formas de actuación. Los sindicatos realizan permanentemente acciones de presión, organizan huelgas, elaboran informes de denuncia o alerta frente a determinados problemas enquistados, proponen foros de discusión y establecen agendas de contacto con los diversos gobiernos.
Como le sucede a Fernández Toxo, probablemente a los sindicatos les podrá chirriar que se les tilde de emprender acciones de lobby, por el contrario, deberían enorgullecerse, ya que el lobbying consiste precisamente en defender con eficacia y legalidad los propios intereses frente a las Autoridades.
lunes, 23 de febrero de 2009
El BNG, el PP y el Partido Socialista en Galicia proponen acciones de lobby en Bruselas
Sorprendente, pero es un hecho. Nuestros políticos ya hablan del lobby con transparencia y sin tapujos. Las propuestas electorales que tanto el BNG como el Partido Socialista y el Partido Popular han realizado en Galicia en estos días, incluyen la puesta en marcha de un "lobby gallego" en Bruselas, según publica la agencia EFE.
Los tres partidos consideran necesario representar los intereses de Galicia en Bruselas, así como realizar una acción estratégica en el exterior. Este blog no es para valorar la eficiencia de defender la marca españa o la marca autonómica -dejo la reflexión a quién le corresponda-, sino que se quiere subrayar que ya los políticos españoles hablan de lobby positivamente. ¡Algo insospechado hace algunos años!
Los que estamos metidos en esta profesión, sabemos que en España estamos estigmatizados, pero progresivamente la sociedad va entendiendo y asimilando la ética y la utilidad del lobby en una sociedad democrática y globalizada, donde el sinfín de intereses demanda realizar acciones estratégicas para defender y promover los propios.
La mayoría de las Comunidades Autónomas tiene su oficina de representación en Bruselas, pero ahora reconocen como tal la acción de lobbying.
¡Lobbistas, hemos dado un paso más en la aceptación, transparencia y profesionalización de nuestro trabajo!
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Crear una oficina en Bruselas y un 'lobby' gallego, prioridades en Exteriores
EFE - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 22-02-2009
La presencia directa de Galicia en Bruselas a través de una Delegación de la Xunta y la constitución de un 'lobby' (grupo de presión) gallego apoyado por un Consejo de Acción Exterior, son algunas de las prioridades en política exterior de los partidos, que también abogan por impulsar los vínculos con Portugal.
Ante las elecciones del 1 de marzo, tanto PPdeG, como PSdeG y BNG abogan por ahondar en la participación de Galicia en el exterior y promocionar sus empresas o su lengua, un objetivo que, en el caso de los populares, se incluiría, junto con diversos métodos y recursos, en una Agenda Estratégica de la Acción Exterior de Galicia.
Tanto socialistas como nacionalistas defienden una presencia directa de la Comunidad en Europa y ambos proponen la creación de una Delegación de la Xunta en Bruselas, iniciativa sobre la que, en general, los populares recomiendan una reflexión acerca de la 'oportunidad y objetivos', enmarcada en el plan de 'austeridad y contención del gasto y de fomento de la calidad democrática'.
Ellos son partidarios de un Consejo Gallego de Acción Exterior como órgano que canalice la participación de los actores en el diseño de las relaciones exteriores y facilite la actuación de un 'lobby' a favor de los intereses gallegos.
Otro de los asuntos que preocupan a los partidos es la gestión de fondos europeos, sobre los que PPdeG quiere para Galicia la autoridad de su gestión y pago, y el BNG se compromete a aplicar directamente esta gestión de los Fondos Estructurales 'sin tener que pasar por la coordinación ejecutiva y de distribución del Estado'.Por su parte, el PSdeG asegura que participará activamente en la elaboración del Libro Verde de Cohesión Territorial, en el que se recogerán loa 'grandes retos' en la gestión de fondos europeos a partir de 2009.
La defensa de la aplicación del principio de subsidiariedad es otro de los puntos que mencionan tanto populares como nacionalistas, y el impulso a la actividad de la Fundación Galicia Europa es una propuesta que comparten PPdeG y PSdeG, mientras el BNG es partidario de sustituirla, junto a las demás de carácter privado, por su iniciativa pública de Delegación Exterior de Galicia en Bruselas.
(...)
Los populares destacan en su programa, entre otros ejes, impulsar la presencia de las Comunidades autónomas en el Consejo de Ministros, así como del trabajo del Comité de las Regiones; mejorar la información sobre Europa en Galicia y crear una web sobre la Unión; fomentar las relaciones con América Latina y promover acuerdos; y desarrollar la Ley Gallega de Cooperación.
Los nacionalistas quieren también que Galicia sea circunscripción electoral única en las elecciones al Parlamento europeo; promover la reforma de las instituciones europeas para una mayor presencia de las naciones y regiones; y que Galicia tenga legitimación activa 'privilegiada' ante el Tribunal de Justicia europeo sobre sus competencias exclusivas, además de ser una 'Nación solidaria'.
viernes, 20 de febrero de 2009
Los ayuntamientos españoles también hacen lobbying
Una de las preguntas frecuentes que me hacen como lobista es ¿pero, quién hace lobbying? Posiblemente en el imaginario colectivo al hablar de lobista, se piensa en hombre trajeado, escondido en un sombrero y una gabardina, con un maletín de piel donde posiblemente guarda documentos secretos o fajos de billetes de 500 euros. Nada más ajeno a la realidad. Somos profesionales como cualquier abogado, consultor, empresario...
Además de que haya personas dedicadas a la labor de consultoría de lobby, como es mi caso, la actividad de lobbying las puede realizar cualquier persona, asociación o institución. En este caso os ofrezco un ejemplo de cómo unos ayuntamientos se reúnen para hacer lobby y defender conjuntamente sus intereses. No entro a valorar el contenido de su defensa, sino que este ejemplo nos puede servir para entender que el lobbying es una actividad que puede realizar cualquiera legítimamente.
Las Provincias
Jordi Maura
17/02/09
Los municipios con parques eólicos se unen en Morella para reclamar más beneficios fiscales
Una docena de representantes de consistorios del Norte e interior de Castellón participaron en la reunión celebrada ayer en la sala gótica del Ayuntamiento de Morella convocada por la Asociación de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. El objetivo del cónclave era dar conocer las posibilidades fiscales que se pueden derivar por el aprovechamiento de sus términos municipales por parte de las empresas energéticas que explotan la fuerza del viento, principalmente. Este colectivo engloba a más de 20 municipios de todo el país, entre ellos de las provincias de Tarragona, Valencia, Zamora, Guadalajara, Asturias y Huelva. Forman parte de la comisión ejecutiva de la entidad municipios como Ascó y Cofrentes, con energías nucleares presentes en su territorio y diputaciones. El objetivo ha sido claro desde un principio: arrancar recursos económicos para los ayuntamientos y ciudadanos por el uso lucrativo y beneficio que obtienen de su paisaje y territorio estas empresas.
Rubén Abella, secretario general de la organización explicó que los principales logros de este colectivo han sido a nivel de tributación local. La idea es que si los municipios que acogen producción de energía sufren unas consecuencias colaterales, éstos tengan el mismo trato que los que tienen en sus municipios empresas que se dedican a la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear. En este punto ha sido crucial la inclusión en la Ley del catastro de los aerogeneradores como bienes inmuebles de características especiales (BICES), lo que supone una expectativa de ingresos por el IBI destacable, posibilidad que había quedado inicialmente excluida. Fue a partir del encargo de la Federación Gallega de Municipios cuando el colectivo interpuso en el Supremo un recurso que fue finalmente estimado conllevando la nulidad de parte del reglamento que desarrollaba esta normativa.
El criterio de la asociación es que este tipo de instalaciones eléctricas son a la larga positivos por sus beneficios económicos en forma de puestos de trabajo, impuestos y convenios con los propietarios del parque. "Lo que ocurre es que son municipios pequeños que se encuentran solos y estar unidos y asesorados les servirá para defenderse mejor", abundó Abella. Las inquietudes de los municipios son las mismas. "Se trata de hacer un lobby para ejercer presión a nivel institucional", concluyó el secretario general.
Ante la crisis, estas posibilidades de ingresos no han sido ignoradas por los alcaldes, que se han organizado entorno a esta entidad y conseguir que los parques eólicos tributen como el resto de los inmuebles. "Aún queda camino por recorrer", explicó Abella, que señaló que van a proponer cambios en el impuesto "como reforzar la base imponible en que se liquida el Impuesto de la Construcción". Señaló que la lucha "es por una valoración distinta y más acorde con las instalaciones".
Este colectivo ha mantenido ya contactos con la patronal de la energía Unesa, diversos institutos y con la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA). Ximo Puig, anfitrión del encuentro al que asistieron representantes de Castellfort, Portell, la Mata, Vilafranca, Villores, así como alcaldes de la comarca de los Serranos en Valencia, explicó que entre los acuerdos que se adoptaron figura la necesidad de realizar un estudio de la singularidad del Plan Eólico Valenciano. Para Puig, el mapa eólico implica unos radios de afección de un kilómetro desde el aerogenerador expropiatorio de derechos a muchos ciudadanos y de ordenación territorial a muchos ayuntamientos. Algunos consistorios prevén "van a ser nuevas ordenanzas sobre las líneas de transporte, algo que se planteará a la asociación para ver si es viable o no".
Además de que haya personas dedicadas a la labor de consultoría de lobby, como es mi caso, la actividad de lobbying las puede realizar cualquier persona, asociación o institución. En este caso os ofrezco un ejemplo de cómo unos ayuntamientos se reúnen para hacer lobby y defender conjuntamente sus intereses. No entro a valorar el contenido de su defensa, sino que este ejemplo nos puede servir para entender que el lobbying es una actividad que puede realizar cualquiera legítimamente.
Las Provincias
Jordi Maura
17/02/09
Los municipios con parques eólicos se unen en Morella para reclamar más beneficios fiscales
Una docena de representantes de consistorios del Norte e interior de Castellón participaron en la reunión celebrada ayer en la sala gótica del Ayuntamiento de Morella convocada por la Asociación de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. El objetivo del cónclave era dar conocer las posibilidades fiscales que se pueden derivar por el aprovechamiento de sus términos municipales por parte de las empresas energéticas que explotan la fuerza del viento, principalmente. Este colectivo engloba a más de 20 municipios de todo el país, entre ellos de las provincias de Tarragona, Valencia, Zamora, Guadalajara, Asturias y Huelva. Forman parte de la comisión ejecutiva de la entidad municipios como Ascó y Cofrentes, con energías nucleares presentes en su territorio y diputaciones. El objetivo ha sido claro desde un principio: arrancar recursos económicos para los ayuntamientos y ciudadanos por el uso lucrativo y beneficio que obtienen de su paisaje y territorio estas empresas.
Rubén Abella, secretario general de la organización explicó que los principales logros de este colectivo han sido a nivel de tributación local. La idea es que si los municipios que acogen producción de energía sufren unas consecuencias colaterales, éstos tengan el mismo trato que los que tienen en sus municipios empresas que se dedican a la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear. En este punto ha sido crucial la inclusión en la Ley del catastro de los aerogeneradores como bienes inmuebles de características especiales (BICES), lo que supone una expectativa de ingresos por el IBI destacable, posibilidad que había quedado inicialmente excluida. Fue a partir del encargo de la Federación Gallega de Municipios cuando el colectivo interpuso en el Supremo un recurso que fue finalmente estimado conllevando la nulidad de parte del reglamento que desarrollaba esta normativa.
El criterio de la asociación es que este tipo de instalaciones eléctricas son a la larga positivos por sus beneficios económicos en forma de puestos de trabajo, impuestos y convenios con los propietarios del parque. "Lo que ocurre es que son municipios pequeños que se encuentran solos y estar unidos y asesorados les servirá para defenderse mejor", abundó Abella. Las inquietudes de los municipios son las mismas. "Se trata de hacer un lobby para ejercer presión a nivel institucional", concluyó el secretario general.
Ante la crisis, estas posibilidades de ingresos no han sido ignoradas por los alcaldes, que se han organizado entorno a esta entidad y conseguir que los parques eólicos tributen como el resto de los inmuebles. "Aún queda camino por recorrer", explicó Abella, que señaló que van a proponer cambios en el impuesto "como reforzar la base imponible en que se liquida el Impuesto de la Construcción". Señaló que la lucha "es por una valoración distinta y más acorde con las instalaciones".
Este colectivo ha mantenido ya contactos con la patronal de la energía Unesa, diversos institutos y con la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA). Ximo Puig, anfitrión del encuentro al que asistieron representantes de Castellfort, Portell, la Mata, Vilafranca, Villores, así como alcaldes de la comarca de los Serranos en Valencia, explicó que entre los acuerdos que se adoptaron figura la necesidad de realizar un estudio de la singularidad del Plan Eólico Valenciano. Para Puig, el mapa eólico implica unos radios de afección de un kilómetro desde el aerogenerador expropiatorio de derechos a muchos ciudadanos y de ordenación territorial a muchos ayuntamientos. Algunos consistorios prevén "van a ser nuevas ordenanzas sobre las líneas de transporte, algo que se planteará a la asociación para ver si es viable o no".
martes, 10 de febrero de 2009
La difícil tarea de buscar el interés general en un período de crisis
Tal como ha dicho el periodista J. Ramón González en La Vanguardia (08/02/08) Estados Unidos importa del 20% al 30% de su consumo de acero, y su producción propia ha caído a los niveles más bajos desde los ochenta. El crac inmobiliario y el desplome de la industria automovilística explican el violento parón. La World Steel Association ha certificado la caída de una quinta parte (24,3%) del acero producido en todo el planeta, donde sólo la colosal máquina siderúrgica china continúa creciendo. En Estados Unidos la caída fue del 8,1%.
Se dice que debido a las presiones del lobby siderúrgico (World Steel Association), el Senado de Estados Unidos aprobó recientemente la discutida cláusula denominada “Buy American”, alentando de esta forma el proteccionismo como recurso para la recuperación. Con esta cláusula se pone barreras a las importaciones de hierro y acero en el Plan de obras públicas iniciado por el plan de reactivación.
La pregunta que me hago como lobista es si el lobby siderúrgico sería capaz de abandonar el interés de sus miles de trabajadores, y buscar representar el interés general de los ciudadanos estadounidenses, o más aún, si debería velar por la economía mundial.
Considero que el papel de analizar cuál es el interés general (proteccionismo versus comercio internacional) no corresponde dilucidarlo a la World Steel Association -no creo que tuviera la objetividad necesaria para hacerlo-, sino que esta función corresponde al Gobierno y a los representantes de los ciudadanos (Congreso, Senado...).
Al lobby siderúrgico le corresponde trasladar con transparencia los problemas reales y la situación de su mercado afectado. Ésta será la mejor información que podrán aportar a las Administraciones Públicas. Éste es el mejor papel que pueden desempeñar en un Estado democrático en período de crisis.
Espero que nuestros políticos tengan la apertura y capacidad de atender a los diversos intereses y dilucidar las decisiones políticas buscando el interés general.
Amigos lobistas, no tengamos complejo por defender los intereses de nuestros clientes, eso sí, con transparencia y claridad.
Se dice que debido a las presiones del lobby siderúrgico (World Steel Association), el Senado de Estados Unidos aprobó recientemente la discutida cláusula denominada “Buy American”, alentando de esta forma el proteccionismo como recurso para la recuperación. Con esta cláusula se pone barreras a las importaciones de hierro y acero en el Plan de obras públicas iniciado por el plan de reactivación.
La pregunta que me hago como lobista es si el lobby siderúrgico sería capaz de abandonar el interés de sus miles de trabajadores, y buscar representar el interés general de los ciudadanos estadounidenses, o más aún, si debería velar por la economía mundial.
Considero que el papel de analizar cuál es el interés general (proteccionismo versus comercio internacional) no corresponde dilucidarlo a la World Steel Association -no creo que tuviera la objetividad necesaria para hacerlo-, sino que esta función corresponde al Gobierno y a los representantes de los ciudadanos (Congreso, Senado...).
Al lobby siderúrgico le corresponde trasladar con transparencia los problemas reales y la situación de su mercado afectado. Ésta será la mejor información que podrán aportar a las Administraciones Públicas. Éste es el mejor papel que pueden desempeñar en un Estado democrático en período de crisis.
Espero que nuestros políticos tengan la apertura y capacidad de atender a los diversos intereses y dilucidar las decisiones políticas buscando el interés general.
Amigos lobistas, no tengamos complejo por defender los intereses de nuestros clientes, eso sí, con transparencia y claridad.
miércoles, 4 de febrero de 2009
LOBBY POR LA TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD DE LOS LOBBIES
Os anexo un artículo publicado ayer en La Vanguardia donde se dice que los grupos de presión españoles se mueven subrepticiamente. Además, el artículo recoge algunas declaraciones de Rafael Rubio (compañero de blog y de otros proyectos) en los que Rubio afirma que "todo el mundo puede hacer lobby".
Este artículo avala lo que frecuentemente hemos venido diciendo en este foro : Es necesario una regulación del lobby en España. Ahora bien, insisto una vez más, el lobby en sí mismo no es negativo ni corrupto, más aún, es necesario en un estado democrático, ya que es un instrumento para defender los intereses ante la administración pública, y debe hacerse en un marco adecuado y bajo unos principios y reglas justos. ¿Alguien no está de acuerdo?
No coincido con una opinión que se arroja al final del artículo en el que se dice que ningún gobierno ha apostado por la transparencia. Cito algunos países que han hecho verdaderos esfuerzos al respecto: Canadá, Polonia, Chile, Australia..., además de los países tradicionales como Estados Unidos o Alemania.
Ojalá Anxo Lugilde (escritor del artículo de La Vanguardia) pueda escribir próximamente sobre los lobbistas españoles diciendo que "estamos haciendo un lobby por la transparencia de nuestra actividad".
Pasillos de tinieblas
Los grupos de presión españoles se mueven entre sombras, por la falta de regulación
Por Anxo Lugilde
La Vanguardia
Los lobbies tienen mala fama, especialmente aguda en España". Lo escribió José Luis Sanchis, el primer lobbista que reconoció ejercer esa labor de intermediación. A pesar de que el Congreso de los Diputados reclamó en 1993 una regulación para los grupos de presión, todavía no existe. Persiste así un mundo de tinieblas, en el que destaca el papel de las grandes corporaciones de sectores como el energético, químico, farmacéutico, tabaco o telecomunicaciones. Incluso las administraciones territoriales recurren a técnicas de lobby, como hizo Murcia en la guerra del agua.
Los grupos de presión se resisten al intento de la Unión Europea de arrojar luz a sus actividades
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"Todo el mundo puede hacer lobby, sólo que tienen más medios para ejercerlo las grandes empresas", explica Rafael Rubio, profesor de Derecho de la Universidad Complutense y autor de una tesis doctoral sobre los grupos de presión. Joaquim Molins, catedrático de Ciencia Política de la Autònoma de Barcelona y especialista en la materia, señala que hay también otros actores como los grupos profesionales, por ejemplo los médicos, o los agricultores. "Suele ser todo muy discreto", considera Molins.
La dependencia de la regulación pública y la disposición de recursos para influir sobre la administración definen la intensidad de la presión. Como apunta Molins, hay dos tipos, el de los grupos sociales que actúan directamente -como las asociaciones de empresarios, consumidores o ecologistas- y los lobbies que trabajan para terceros. En España, estos servicios los ofrecen los mayores despachos de abogados y los gabinetes de comunicación y relaciones públicas. "Está muy relacionado con la cultura política latina, basada en la relación personal", indica Rafael Rubio, quien destaca las medidas que acaba de anunciar Obama para restringir el uso de las llamadas "puertas giratorias". Se trata del paso a la actividad privada de antiguos responsables públicos de áreas clave o a la inversa, del desembarco en la administración de cuadros provenientes de los sectores que van a regular.
El tránsito de la política a actividades de asesoramiento o lobby es muy común en España. Los ex presidentes Suárez, González y Aznar constituyen los ejemplos más conocidos. En la obra Conspiraciones tóxicas, cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales,los periodistas Carrasco, Jara y Vidal desvelan que la práctica de las "puertas giratorias" es frecuente en las agencias del Estado. Denuncian la fuerza de los grupos de presión de la industria nuclear, la política hidrológica o los transgénicos.
Ya en el debate constitucional, Manuel Fraga propuso una regulación para los lobbies. Pero Joaquim Molins se muestra escéptico, tras comprobar que ningún gobierno ha apostado por la transparencia. El impulso podría llegar desde Bruselas si obliga a los estados a aplicar su legislación, como apunta Rafael Rubio, quien destaca que en los últimos tiempos en España los lobbies "emergen a la superficie", con empresas que dicen dedicarse a esta actividad.
Este artículo avala lo que frecuentemente hemos venido diciendo en este foro : Es necesario una regulación del lobby en España. Ahora bien, insisto una vez más, el lobby en sí mismo no es negativo ni corrupto, más aún, es necesario en un estado democrático, ya que es un instrumento para defender los intereses ante la administración pública, y debe hacerse en un marco adecuado y bajo unos principios y reglas justos. ¿Alguien no está de acuerdo?
No coincido con una opinión que se arroja al final del artículo en el que se dice que ningún gobierno ha apostado por la transparencia. Cito algunos países que han hecho verdaderos esfuerzos al respecto: Canadá, Polonia, Chile, Australia..., además de los países tradicionales como Estados Unidos o Alemania.
Ojalá Anxo Lugilde (escritor del artículo de La Vanguardia) pueda escribir próximamente sobre los lobbistas españoles diciendo que "estamos haciendo un lobby por la transparencia de nuestra actividad".
Pasillos de tinieblas
Los grupos de presión españoles se mueven entre sombras, por la falta de regulación
Por Anxo Lugilde
La Vanguardia
Los lobbies tienen mala fama, especialmente aguda en España". Lo escribió José Luis Sanchis, el primer lobbista que reconoció ejercer esa labor de intermediación. A pesar de que el Congreso de los Diputados reclamó en 1993 una regulación para los grupos de presión, todavía no existe. Persiste así un mundo de tinieblas, en el que destaca el papel de las grandes corporaciones de sectores como el energético, químico, farmacéutico, tabaco o telecomunicaciones. Incluso las administraciones territoriales recurren a técnicas de lobby, como hizo Murcia en la guerra del agua.
Los grupos de presión se resisten al intento de la Unión Europea de arrojar luz a sus actividades
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"Todo el mundo puede hacer lobby, sólo que tienen más medios para ejercerlo las grandes empresas", explica Rafael Rubio, profesor de Derecho de la Universidad Complutense y autor de una tesis doctoral sobre los grupos de presión. Joaquim Molins, catedrático de Ciencia Política de la Autònoma de Barcelona y especialista en la materia, señala que hay también otros actores como los grupos profesionales, por ejemplo los médicos, o los agricultores. "Suele ser todo muy discreto", considera Molins.
La dependencia de la regulación pública y la disposición de recursos para influir sobre la administración definen la intensidad de la presión. Como apunta Molins, hay dos tipos, el de los grupos sociales que actúan directamente -como las asociaciones de empresarios, consumidores o ecologistas- y los lobbies que trabajan para terceros. En España, estos servicios los ofrecen los mayores despachos de abogados y los gabinetes de comunicación y relaciones públicas. "Está muy relacionado con la cultura política latina, basada en la relación personal", indica Rafael Rubio, quien destaca las medidas que acaba de anunciar Obama para restringir el uso de las llamadas "puertas giratorias". Se trata del paso a la actividad privada de antiguos responsables públicos de áreas clave o a la inversa, del desembarco en la administración de cuadros provenientes de los sectores que van a regular.
El tránsito de la política a actividades de asesoramiento o lobby es muy común en España. Los ex presidentes Suárez, González y Aznar constituyen los ejemplos más conocidos. En la obra Conspiraciones tóxicas, cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales,los periodistas Carrasco, Jara y Vidal desvelan que la práctica de las "puertas giratorias" es frecuente en las agencias del Estado. Denuncian la fuerza de los grupos de presión de la industria nuclear, la política hidrológica o los transgénicos.
Ya en el debate constitucional, Manuel Fraga propuso una regulación para los lobbies. Pero Joaquim Molins se muestra escéptico, tras comprobar que ningún gobierno ha apostado por la transparencia. El impulso podría llegar desde Bruselas si obliga a los estados a aplicar su legislación, como apunta Rafael Rubio, quien destaca que en los últimos tiempos en España los lobbies "emergen a la superficie", con empresas que dicen dedicarse a esta actividad.
sábado, 31 de enero de 2009
¿El Presidente Obama contra los lobbies?
En varias ocasiones desde que Barack Obama fue elegido Presidente por el pueblo estadounidense, quienes me conocen me comentan frecuentemente y con cierta ironía: "Oye, Obama no parece estar a favor vuestro, parece que quiere acabar con los lobbies según las declaraciones que ha realizado durante la campaña y en sus primeros días de nombramiento". A lo que siempre respondo que me parece bien que quiera hacer más transparente esta actividad o que fortalezca la persecución de las acciones ilegales que comentan algunos lobbistas, pero querer acabar con los grupos de interés, es como decir, que los ciudadanos, las asociaciones y las empresas dejen de defender sus propios intereses frente a las administraciones públicas. Si esto fuera así, ¿dónde quedan los principios y valores democráticos? ¿Qué defenderían los legisladores si no son los intereses de quienes representan?
Si os parece bien, dejemos hablar al Presidente Obama, que en su libro "La audacia de la esperanza" dedica algunos párrafos a los lobbies:
"Nunca me he sentido del todo cómodo con el término -intereses especiales-, que junta bajo el mismo apelativo a ExxonMobil y a los albañiles, al lobby farmacéutico y a los padres de niños con necesidades especiales. La mayoría de los científicos políticos probablemente no estarían de acuerdo conmigo, pero para mí no es lo mismo un grupo de presión empresarial cuya fuerza se basa exclusivamente en el dinero, que un grupo de individuos que sostienen las mismas ideas -ya sean trabajadores textiles, aficionados a las armas, veteranos o familiares de granjeros- y que se unen para defender sus intereses. Creo que no son lo mismo aquellos que usan su poder económico para magnificar su influencia política mucho más allá de lo que justificaría su número, que aquellos que simplemente tratan de unir la fuerza de sus votos para conseguir convencer a sus representantes. Los primeros atacan la idea misma de la democracia. Los segundos son su esencia.
Aún así, el impacto que tienen los grupos de interés en los candidatos no es siempre agradable. Para mantener a sus socios activos, para que las donaciones no dejen de fluir y para hacerse oír por encima del ruido, los grupos que tienen peso en la política no buscan promover el interés general. No buscan apoyar al candidato más sensato, mejor cualificado o de mayor amplitud de miras. Se centran sólo en cuestiones muy concretas: sus pensiones, sus subvenciones agrarias, su causa. Dicho simplemente, tienen una misión que cumplir. Y quieren que usted, el funcionario público electo, les ayude a cumplirla. "
Para empezar hay que decir que Obama no ataca en sí mismo a los lobbies o a los defensores de intereses, sino que se queja de que haya muchos que sólo buscan su propio interés y no el interés general. No quiero desviar la atención sobre el juicio que el actual Presidente de Estados Unidos emite sobre nosotros, por ello, no entro en valoraciones políticas a favor o en contra del Presidente.
En mi opinión, Obama se queja de la ardua labor del político de discernir cuál es el interés general o el bien común en aspectos concretos o donde hay intereses opuestos. Sin embargo, ésta es la misión de un político, para eso son escogidos por los ciudadanos. No obstante, pretender que nadie defienda sus propios intereses o creer que es posible ejercer una objetividad tal que permita a un grupo de personas ir en contra de sus propios intereses, es UTÓPICO. Considero que para la democracia es positivo que los ciudadanos defiendan y promuevan sus intereses, siempre dentro de unos cauces justos, democráticos y legales. Lo que sí sería preocupante es que los políticos renunciaran a su función de analizar los diversos intereses y escoger los más convenientes para el interés general (No entro aquí a definir -si es que hay definición- del interés general).
Una vez más me pronuncio: Considero que la defensa de los propios intereses no sólo es legítima sino necesaria para la salud de nuestra democracia. Esta defensa ciertamente debe efectuarse dentro de unos cauces justos y legales. De ahí que veo cada vez más necesario que en España se legisle sobre la representación de los intereses.
Si os parece bien, dejemos hablar al Presidente Obama, que en su libro "La audacia de la esperanza" dedica algunos párrafos a los lobbies:
"Nunca me he sentido del todo cómodo con el término -intereses especiales-, que junta bajo el mismo apelativo a ExxonMobil y a los albañiles, al lobby farmacéutico y a los padres de niños con necesidades especiales. La mayoría de los científicos políticos probablemente no estarían de acuerdo conmigo, pero para mí no es lo mismo un grupo de presión empresarial cuya fuerza se basa exclusivamente en el dinero, que un grupo de individuos que sostienen las mismas ideas -ya sean trabajadores textiles, aficionados a las armas, veteranos o familiares de granjeros- y que se unen para defender sus intereses. Creo que no son lo mismo aquellos que usan su poder económico para magnificar su influencia política mucho más allá de lo que justificaría su número, que aquellos que simplemente tratan de unir la fuerza de sus votos para conseguir convencer a sus representantes. Los primeros atacan la idea misma de la democracia. Los segundos son su esencia.
Aún así, el impacto que tienen los grupos de interés en los candidatos no es siempre agradable. Para mantener a sus socios activos, para que las donaciones no dejen de fluir y para hacerse oír por encima del ruido, los grupos que tienen peso en la política no buscan promover el interés general. No buscan apoyar al candidato más sensato, mejor cualificado o de mayor amplitud de miras. Se centran sólo en cuestiones muy concretas: sus pensiones, sus subvenciones agrarias, su causa. Dicho simplemente, tienen una misión que cumplir. Y quieren que usted, el funcionario público electo, les ayude a cumplirla. "
Para empezar hay que decir que Obama no ataca en sí mismo a los lobbies o a los defensores de intereses, sino que se queja de que haya muchos que sólo buscan su propio interés y no el interés general. No quiero desviar la atención sobre el juicio que el actual Presidente de Estados Unidos emite sobre nosotros, por ello, no entro en valoraciones políticas a favor o en contra del Presidente.
En mi opinión, Obama se queja de la ardua labor del político de discernir cuál es el interés general o el bien común en aspectos concretos o donde hay intereses opuestos. Sin embargo, ésta es la misión de un político, para eso son escogidos por los ciudadanos. No obstante, pretender que nadie defienda sus propios intereses o creer que es posible ejercer una objetividad tal que permita a un grupo de personas ir en contra de sus propios intereses, es UTÓPICO. Considero que para la democracia es positivo que los ciudadanos defiendan y promuevan sus intereses, siempre dentro de unos cauces justos, democráticos y legales. Lo que sí sería preocupante es que los políticos renunciaran a su función de analizar los diversos intereses y escoger los más convenientes para el interés general (No entro aquí a definir -si es que hay definición- del interés general).
Una vez más me pronuncio: Considero que la defensa de los propios intereses no sólo es legítima sino necesaria para la salud de nuestra democracia. Esta defensa ciertamente debe efectuarse dentro de unos cauces justos y legales. De ahí que veo cada vez más necesario que en España se legisle sobre la representación de los intereses.
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