Algunas noticias recientes respecto a la dedicación profesional de algunos diputados han generado cierto debate mediático. Aunque este debate se ha planteado en términos equivocados como la cantidad de dinero que "se levantan" fuera de la Cámara y lo poco que se aplican en sus escaños, a mi me parece que merece una reflexión más profunda.
La compatibilidad del puesto de Diputado con otras labores privadas está muy extendida en nuestros parlamentos, nacional y autonómicos, que parecen asumir que a los diputados les sobra el tiempo y les falta el dinero (este es el quid de la cuestión).
El tema es relevante en este blog porque si hacemos caso a lo publicado en estos días muchos de ellos desempeñan labores de intermediación (De lobby) desde sus despachos de abogados, causa de compatibilidad más frecuente, o desde determinadas empresas. Su valor, imagino que bien remunerado, es su capacidad de acceso a distintas instituciones públicas en las que se adjudican contratos o se discuten regulaciones que afectan de manera directa a sus empleadores. Es cierto que esta facilidad de acceso se debe más a su condición de miembro de un partido político, con cierta cercanía a los cargos de esos partidos, que a su condición de diputado cuya ámbito de influencia es más reducido, pero que un diputado defienda intereses privados dentro o fuera de la cámara, a cambio de una contraprestación, habitualmente económica, merece una revisión.
Así lo han planteado el PSOE e IU-ICV que han presentado sendas PNL sobre la cuestión. Fundamentalmente ambas optan por la publicidad a las actividades profesionales de los diputados, una especie de Registro Público de libre acceso que actuaría como elemento disuasorio. Actualmente para acceder a la información sobre las actividades profesionales de los diputados se requiere una petición previa a la Mesa del Congreso, que deberá autorizarlo.
También pretenden elaborar una serie de recomendaciones dirigidas a la subcomisión que estudia la reforma de la Ley Electoral, en la medida en que se delimite mejor el régimen de incompatibilidades. También solicitan que quede clara la competencia de la Comisión del Estatuto del Diputado para analizar e investigar si el ejercicio concreto de la compatibilidad otorgada a los diputados se ajusta a lo reglamentado.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado en rueda de prensa que este asunto es "tan vidrioso" que lo más idóneo sería incompatibilizar cualquier actividad remunerada ajena a la extensión del carácter de diputado. Quizás eso vaciaría los escaños en nuestros parlamentos pero quién sabe si sería la única forma de separar un poco más política y dinero.
miércoles, 25 de marzo de 2009
jueves, 19 de marzo de 2009
lobby en bruselas? yo no he sido
Ayer uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, el comisario Sim Kallas se reunió en Bruselas con periodistas españoles. Su mensaje era claro: "estamos esperanda que las empresas españolas se inscriban en el registro voluntario de lobby". Menos telefónica faltan todas casi todas las grandes empresas.
Al margen de los despachos de abogados, con una dinámica propia para no inscribirse, según cincodias:
El Señor Kallas que está dispuesto a que el registro se convierta en norma de conducta, convirtiendolo en obligatorio por la fuerza de los hechos, amenaza con medidas de presión suave como condicionar entrevistas con los funcionarios europeos. Suaves pero de dudosa legalidad.
Lo cierto es que vista la respuesta de las empresas el registro voluntario puede seguir esperando.
Al margen de los despachos de abogados, con una dinámica propia para no inscribirse, según cincodias:
No aparecen Iberdrola, Gas Natural, ni Repsol, en el sector energético. En distribución sólo figura Mercadona. En banca y seguros, ninguna entidad. De las constructoras, ni rastro. Ni de las empresas de comunicación. Los funcionarios de Kallas tampoco encuentran Seat, aunque aparece Volkswagen, su matriz.
El Señor Kallas que está dispuesto a que el registro se convierta en norma de conducta, convirtiendolo en obligatorio por la fuerza de los hechos, amenaza con medidas de presión suave como condicionar entrevistas con los funcionarios europeos. Suaves pero de dudosa legalidad.
Lo cierto es que vista la respuesta de las empresas el registro voluntario puede seguir esperando.
miércoles, 18 de marzo de 2009
Ni el Principe Felipe, ni Al Gore, ni siquiera Marca España.... la clave es el lobby
Ayer, día de San Patricio, se presentó en Nueva York el Plan para promover la Marca España en los Estados Unidos. El objetivo es ayudar con 20 millones de Euros a las empresas españolas a acceder a los más de 800.000 millones que propone el plan de estímulo económico de Barack Obama.
Aunque los medios en España han hecho un amplio despliegue, no se nos puede olvidar cual es el objetivo final de la campaña. Por eso algunos denuncian falta de visión estratégica, otros falta de adaptación a la realidad local. Así lo señala, en elconfidencial,
Creo que el Sr. Malet tiene razón y no hemos empezado con muy bien pie. La fecha del acto podría ser una muestra gráfica de esta situación, cualquiera que haya estado un día de San Patricio en Nueva York sabe que poner un evento ese día podría ser equivalente a organizar cualquier cosa a la hora en la que juega la selección española en nuestro país.
La lista de asistentes también es buena muestra de ello. Según elconfidencial sólo estuvieron presentes Dee Dee Myers, portavoz de la Casa Blanca con Bill Clinton; Susan Combs, vicegobernadora de Texas, y el ex vicepresidente Al Gore (a 150.000 dolares la hora).
Si las empresas españolas quieren hacer negocio en Estados Unidos, y el gobierno ayudarlas, creo que harán falta menos Principes Felipes, y más estrategia, conocimiento de la situación, de las formas de hacer negocios y, como consecuencia, más lobby, una labor que, aunque en nuestro país suele asociarse a la corrupción, es esencial a la hora de hacer negocios en Estados Unidos.
Aunque los medios en España han hecho un amplio despliegue, no se nos puede olvidar cual es el objetivo final de la campaña. Por eso algunos denuncian falta de visión estratégica, otros falta de adaptación a la realidad local. Así lo señala, en elconfidencial,
Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España y uno de los ponentes, explica que, aunque el plan es necesario, es imprescindible que las empresas españolas “americanicen sus operaciones para acceder al plan Obama”. En este sentido, asegura a El Confidencial que “no debemos intentar que predomine nuestro criterio, que es nuestra tendencia. Se trata de poner en marcha códigos de conducta y formas de vender que hagan que en EEUU se nos reciba como uno de los suyos”.Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos, y es frecuente escuchar críticas a las formas de expansión internacional de las empresas españolas que habitualmente desconocen o no dan importancia al marco político/institucional en el que pretenden realizar su inversión. Recientemente hemos visto como Abertis, dentro de un consorcio con Citigroup (41,67%) y Criteria CaixaCorp (8,33%), tras ser elegida su oferta en el concurso para la gestión durante 75 años de la autopista Pennsylvania Turnpike en EE UU, con un importe de 12.801 millones de dólares (unos 8.300 millones de euros) ha tenido que retirar su oferta por el retraso de los cambios legislativos y la autorización por parte de las cámaras de ese estado. Según la propia compañía:
"la decisión ha valorado el calendario y la situación del proceso legislativo en el Estado de Pensilvania, que debía permitir la concesión de la Turnpike, las incertidumbres financieras y las oportunidades que en la actual coyuntura ofrece el mercado de las infraestructuras".
Creo que el Sr. Malet tiene razón y no hemos empezado con muy bien pie. La fecha del acto podría ser una muestra gráfica de esta situación, cualquiera que haya estado un día de San Patricio en Nueva York sabe que poner un evento ese día podría ser equivalente a organizar cualquier cosa a la hora en la que juega la selección española en nuestro país.
La lista de asistentes también es buena muestra de ello. Según elconfidencial sólo estuvieron presentes Dee Dee Myers, portavoz de la Casa Blanca con Bill Clinton; Susan Combs, vicegobernadora de Texas, y el ex vicepresidente Al Gore (a 150.000 dolares la hora).
Si las empresas españolas quieren hacer negocio en Estados Unidos, y el gobierno ayudarlas, creo que harán falta menos Principes Felipes, y más estrategia, conocimiento de la situación, de las formas de hacer negocios y, como consecuencia, más lobby, una labor que, aunque en nuestro país suele asociarse a la corrupción, es esencial a la hora de hacer negocios en Estados Unidos.
martes, 17 de marzo de 2009
El registro voluntario de lobbistas no da los frutos esperados
La semana pasada (9 de marzo) el Centro Europeo de Relaciones Gubernamentales presentó en Bruselas una investigación cualitativa sobre la visión del lobby y más concretamente sobre el registro voluntario de lobistas puesto en práctica por la Comisión Europea.
Curiosamente, el 55% de las federaciones o patronales, el 53% de las consultoras o despachos y el 41% de las empresas consultadas no tenían intención de participar en el registro voluntario que inició el pasado mes de Junio. (La encuesta fue respondida por 312 entidades). Sin embargo, la mayoría de estas entidades veían positivamente que la Comisión Europea hubiera presentado la Iniciativa de Transparencia Europea y apoyaban las medidas de transparencia en general.
Leyendo los datos, desde que se inició el registro he observado que las multinacionales o grandes corporaciones han sido las más rápidas en inscribirse, a diferencia de las patronales o federaciones y los despachos de consultoría o abogados. Posiblemente las multinacionales han visto más nítidamente la necesidad de inscribirse para mantener y consolidar su transparencia de cara a la Comisión Europea.
En las encuestas también se observa que se pide que haya mayor claridad sobre algunos temas del Registro. Especialmente sobre la información económica que hay que entregar o la distinción entre actividades de lobby y las actividades “legales” de los despachos de abogados.
La primera tarjeta roja del Registro la recibió la consultora de Public Affairs GPlus, empresa con oficinas en Londres, París y Bruselas, que a finales de enero fue excluida temporalmente del registro por no mencionar a tres de sus clientes. Al respecto, GPlus declaró que no había incluido los nombres de esos clientes porque así se lo habían pedido dichas empresas.
Al día de hoy hay 1289 entidades registradas. De las cuales 718 son multinacionales y patronales, 304 ONG's y Think Tanks, 69 despachos de consultoría (de los cuáles sólo 5 despachos de abogados).
Dentro de tres meses y después de las elecciones parlamentarias europeas la Comisión revisará de nuevo el registro voluntario de lobbistas, que no parece dar los frutos esperados. ¿La Comisión convertirá el registro en obligatorio? Y como en otras ocasiones, lanzo la pregunta, ¿y en España habrá algún tipo de regulación al respecto?
Seguiremos informando...
Curiosamente, el 55% de las federaciones o patronales, el 53% de las consultoras o despachos y el 41% de las empresas consultadas no tenían intención de participar en el registro voluntario que inició el pasado mes de Junio. (La encuesta fue respondida por 312 entidades). Sin embargo, la mayoría de estas entidades veían positivamente que la Comisión Europea hubiera presentado la Iniciativa de Transparencia Europea y apoyaban las medidas de transparencia en general.
Leyendo los datos, desde que se inició el registro he observado que las multinacionales o grandes corporaciones han sido las más rápidas en inscribirse, a diferencia de las patronales o federaciones y los despachos de consultoría o abogados. Posiblemente las multinacionales han visto más nítidamente la necesidad de inscribirse para mantener y consolidar su transparencia de cara a la Comisión Europea.
En las encuestas también se observa que se pide que haya mayor claridad sobre algunos temas del Registro. Especialmente sobre la información económica que hay que entregar o la distinción entre actividades de lobby y las actividades “legales” de los despachos de abogados.
La primera tarjeta roja del Registro la recibió la consultora de Public Affairs GPlus, empresa con oficinas en Londres, París y Bruselas, que a finales de enero fue excluida temporalmente del registro por no mencionar a tres de sus clientes. Al respecto, GPlus declaró que no había incluido los nombres de esos clientes porque así se lo habían pedido dichas empresas.
Al día de hoy hay 1289 entidades registradas. De las cuales 718 son multinacionales y patronales, 304 ONG's y Think Tanks, 69 despachos de consultoría (de los cuáles sólo 5 despachos de abogados).
Dentro de tres meses y después de las elecciones parlamentarias europeas la Comisión revisará de nuevo el registro voluntario de lobbistas, que no parece dar los frutos esperados. ¿La Comisión convertirá el registro en obligatorio? Y como en otras ocasiones, lanzo la pregunta, ¿y en España habrá algún tipo de regulación al respecto?
Seguiremos informando...
miércoles, 4 de marzo de 2009
¿Pero los sindicatos hacen lobby?
En diversas ocasiones hemos explicado cómo los gobiernos desarrollan acciones de lobby. Hemos observado acciones de lobby de las patronales empresariales y en el último día expuse un ejemplo de cómo los municipios o ayuntamientos hacen lobby. Sin embargo, más de uno me ha preguntado si los sindicatos son o hacen lobby.
Recientemente el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, hablando del diálogo social iniciado por el Gobierno en estos momentos de crisis, afirmó que la función de los sindicatos es la de ser interlocutores sociales sin caer en la "tentación" de ejercer de 'lobby'.
Académicamente es muy discutible que los sindicatos españoles sean lobbies como tal, ya que se trata de estructuras recogidas en la Constitución que representan los intereses generales de diversos sectores de la sociedad. Se podría aceptar que los lobbies, por el contrario, representan intereses concretos de empresas, entidades con intereses privados o grupos con intereses más específicos.
Sin embargo, las acciones propias de lobby son ejercidas también por los sindicatos. Más aún, los lobbistas podemos aprender mucho de sus formas de actuación. Los sindicatos realizan permanentemente acciones de presión, organizan huelgas, elaboran informes de denuncia o alerta frente a determinados problemas enquistados, proponen foros de discusión y establecen agendas de contacto con los diversos gobiernos.
Como le sucede a Fernández Toxo, probablemente a los sindicatos les podrá chirriar que se les tilde de emprender acciones de lobby, por el contrario, deberían enorgullecerse, ya que el lobbying consiste precisamente en defender con eficacia y legalidad los propios intereses frente a las Autoridades.
Recientemente el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, hablando del diálogo social iniciado por el Gobierno en estos momentos de crisis, afirmó que la función de los sindicatos es la de ser interlocutores sociales sin caer en la "tentación" de ejercer de 'lobby'.
Académicamente es muy discutible que los sindicatos españoles sean lobbies como tal, ya que se trata de estructuras recogidas en la Constitución que representan los intereses generales de diversos sectores de la sociedad. Se podría aceptar que los lobbies, por el contrario, representan intereses concretos de empresas, entidades con intereses privados o grupos con intereses más específicos.
Sin embargo, las acciones propias de lobby son ejercidas también por los sindicatos. Más aún, los lobbistas podemos aprender mucho de sus formas de actuación. Los sindicatos realizan permanentemente acciones de presión, organizan huelgas, elaboran informes de denuncia o alerta frente a determinados problemas enquistados, proponen foros de discusión y establecen agendas de contacto con los diversos gobiernos.
Como le sucede a Fernández Toxo, probablemente a los sindicatos les podrá chirriar que se les tilde de emprender acciones de lobby, por el contrario, deberían enorgullecerse, ya que el lobbying consiste precisamente en defender con eficacia y legalidad los propios intereses frente a las Autoridades.
lunes, 23 de febrero de 2009
El BNG, el PP y el Partido Socialista en Galicia proponen acciones de lobby en Bruselas
Sorprendente, pero es un hecho. Nuestros políticos ya hablan del lobby con transparencia y sin tapujos. Las propuestas electorales que tanto el BNG como el Partido Socialista y el Partido Popular han realizado en Galicia en estos días, incluyen la puesta en marcha de un "lobby gallego" en Bruselas, según publica la agencia EFE.
Los tres partidos consideran necesario representar los intereses de Galicia en Bruselas, así como realizar una acción estratégica en el exterior. Este blog no es para valorar la eficiencia de defender la marca españa o la marca autonómica -dejo la reflexión a quién le corresponda-, sino que se quiere subrayar que ya los políticos españoles hablan de lobby positivamente. ¡Algo insospechado hace algunos años!
Los que estamos metidos en esta profesión, sabemos que en España estamos estigmatizados, pero progresivamente la sociedad va entendiendo y asimilando la ética y la utilidad del lobby en una sociedad democrática y globalizada, donde el sinfín de intereses demanda realizar acciones estratégicas para defender y promover los propios.
La mayoría de las Comunidades Autónomas tiene su oficina de representación en Bruselas, pero ahora reconocen como tal la acción de lobbying.
¡Lobbistas, hemos dado un paso más en la aceptación, transparencia y profesionalización de nuestro trabajo!
--------
Crear una oficina en Bruselas y un 'lobby' gallego, prioridades en Exteriores
EFE - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 22-02-2009
La presencia directa de Galicia en Bruselas a través de una Delegación de la Xunta y la constitución de un 'lobby' (grupo de presión) gallego apoyado por un Consejo de Acción Exterior, son algunas de las prioridades en política exterior de los partidos, que también abogan por impulsar los vínculos con Portugal.
Ante las elecciones del 1 de marzo, tanto PPdeG, como PSdeG y BNG abogan por ahondar en la participación de Galicia en el exterior y promocionar sus empresas o su lengua, un objetivo que, en el caso de los populares, se incluiría, junto con diversos métodos y recursos, en una Agenda Estratégica de la Acción Exterior de Galicia.
Tanto socialistas como nacionalistas defienden una presencia directa de la Comunidad en Europa y ambos proponen la creación de una Delegación de la Xunta en Bruselas, iniciativa sobre la que, en general, los populares recomiendan una reflexión acerca de la 'oportunidad y objetivos', enmarcada en el plan de 'austeridad y contención del gasto y de fomento de la calidad democrática'.
Ellos son partidarios de un Consejo Gallego de Acción Exterior como órgano que canalice la participación de los actores en el diseño de las relaciones exteriores y facilite la actuación de un 'lobby' a favor de los intereses gallegos.
Otro de los asuntos que preocupan a los partidos es la gestión de fondos europeos, sobre los que PPdeG quiere para Galicia la autoridad de su gestión y pago, y el BNG se compromete a aplicar directamente esta gestión de los Fondos Estructurales 'sin tener que pasar por la coordinación ejecutiva y de distribución del Estado'.Por su parte, el PSdeG asegura que participará activamente en la elaboración del Libro Verde de Cohesión Territorial, en el que se recogerán loa 'grandes retos' en la gestión de fondos europeos a partir de 2009.
La defensa de la aplicación del principio de subsidiariedad es otro de los puntos que mencionan tanto populares como nacionalistas, y el impulso a la actividad de la Fundación Galicia Europa es una propuesta que comparten PPdeG y PSdeG, mientras el BNG es partidario de sustituirla, junto a las demás de carácter privado, por su iniciativa pública de Delegación Exterior de Galicia en Bruselas.
(...)
Los populares destacan en su programa, entre otros ejes, impulsar la presencia de las Comunidades autónomas en el Consejo de Ministros, así como del trabajo del Comité de las Regiones; mejorar la información sobre Europa en Galicia y crear una web sobre la Unión; fomentar las relaciones con América Latina y promover acuerdos; y desarrollar la Ley Gallega de Cooperación.
Los nacionalistas quieren también que Galicia sea circunscripción electoral única en las elecciones al Parlamento europeo; promover la reforma de las instituciones europeas para una mayor presencia de las naciones y regiones; y que Galicia tenga legitimación activa 'privilegiada' ante el Tribunal de Justicia europeo sobre sus competencias exclusivas, además de ser una 'Nación solidaria'.
viernes, 20 de febrero de 2009
Los ayuntamientos españoles también hacen lobbying
Una de las preguntas frecuentes que me hacen como lobista es ¿pero, quién hace lobbying? Posiblemente en el imaginario colectivo al hablar de lobista, se piensa en hombre trajeado, escondido en un sombrero y una gabardina, con un maletín de piel donde posiblemente guarda documentos secretos o fajos de billetes de 500 euros. Nada más ajeno a la realidad. Somos profesionales como cualquier abogado, consultor, empresario...
Además de que haya personas dedicadas a la labor de consultoría de lobby, como es mi caso, la actividad de lobbying las puede realizar cualquier persona, asociación o institución. En este caso os ofrezco un ejemplo de cómo unos ayuntamientos se reúnen para hacer lobby y defender conjuntamente sus intereses. No entro a valorar el contenido de su defensa, sino que este ejemplo nos puede servir para entender que el lobbying es una actividad que puede realizar cualquiera legítimamente.
Las Provincias
Jordi Maura
17/02/09
Los municipios con parques eólicos se unen en Morella para reclamar más beneficios fiscales
Una docena de representantes de consistorios del Norte e interior de Castellón participaron en la reunión celebrada ayer en la sala gótica del Ayuntamiento de Morella convocada por la Asociación de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. El objetivo del cónclave era dar conocer las posibilidades fiscales que se pueden derivar por el aprovechamiento de sus términos municipales por parte de las empresas energéticas que explotan la fuerza del viento, principalmente. Este colectivo engloba a más de 20 municipios de todo el país, entre ellos de las provincias de Tarragona, Valencia, Zamora, Guadalajara, Asturias y Huelva. Forman parte de la comisión ejecutiva de la entidad municipios como Ascó y Cofrentes, con energías nucleares presentes en su territorio y diputaciones. El objetivo ha sido claro desde un principio: arrancar recursos económicos para los ayuntamientos y ciudadanos por el uso lucrativo y beneficio que obtienen de su paisaje y territorio estas empresas.
Rubén Abella, secretario general de la organización explicó que los principales logros de este colectivo han sido a nivel de tributación local. La idea es que si los municipios que acogen producción de energía sufren unas consecuencias colaterales, éstos tengan el mismo trato que los que tienen en sus municipios empresas que se dedican a la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear. En este punto ha sido crucial la inclusión en la Ley del catastro de los aerogeneradores como bienes inmuebles de características especiales (BICES), lo que supone una expectativa de ingresos por el IBI destacable, posibilidad que había quedado inicialmente excluida. Fue a partir del encargo de la Federación Gallega de Municipios cuando el colectivo interpuso en el Supremo un recurso que fue finalmente estimado conllevando la nulidad de parte del reglamento que desarrollaba esta normativa.
El criterio de la asociación es que este tipo de instalaciones eléctricas son a la larga positivos por sus beneficios económicos en forma de puestos de trabajo, impuestos y convenios con los propietarios del parque. "Lo que ocurre es que son municipios pequeños que se encuentran solos y estar unidos y asesorados les servirá para defenderse mejor", abundó Abella. Las inquietudes de los municipios son las mismas. "Se trata de hacer un lobby para ejercer presión a nivel institucional", concluyó el secretario general.
Ante la crisis, estas posibilidades de ingresos no han sido ignoradas por los alcaldes, que se han organizado entorno a esta entidad y conseguir que los parques eólicos tributen como el resto de los inmuebles. "Aún queda camino por recorrer", explicó Abella, que señaló que van a proponer cambios en el impuesto "como reforzar la base imponible en que se liquida el Impuesto de la Construcción". Señaló que la lucha "es por una valoración distinta y más acorde con las instalaciones".
Este colectivo ha mantenido ya contactos con la patronal de la energía Unesa, diversos institutos y con la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA). Ximo Puig, anfitrión del encuentro al que asistieron representantes de Castellfort, Portell, la Mata, Vilafranca, Villores, así como alcaldes de la comarca de los Serranos en Valencia, explicó que entre los acuerdos que se adoptaron figura la necesidad de realizar un estudio de la singularidad del Plan Eólico Valenciano. Para Puig, el mapa eólico implica unos radios de afección de un kilómetro desde el aerogenerador expropiatorio de derechos a muchos ciudadanos y de ordenación territorial a muchos ayuntamientos. Algunos consistorios prevén "van a ser nuevas ordenanzas sobre las líneas de transporte, algo que se planteará a la asociación para ver si es viable o no".
Además de que haya personas dedicadas a la labor de consultoría de lobby, como es mi caso, la actividad de lobbying las puede realizar cualquier persona, asociación o institución. En este caso os ofrezco un ejemplo de cómo unos ayuntamientos se reúnen para hacer lobby y defender conjuntamente sus intereses. No entro a valorar el contenido de su defensa, sino que este ejemplo nos puede servir para entender que el lobbying es una actividad que puede realizar cualquiera legítimamente.
Las Provincias
Jordi Maura
17/02/09
Los municipios con parques eólicos se unen en Morella para reclamar más beneficios fiscales
Una docena de representantes de consistorios del Norte e interior de Castellón participaron en la reunión celebrada ayer en la sala gótica del Ayuntamiento de Morella convocada por la Asociación de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. El objetivo del cónclave era dar conocer las posibilidades fiscales que se pueden derivar por el aprovechamiento de sus términos municipales por parte de las empresas energéticas que explotan la fuerza del viento, principalmente. Este colectivo engloba a más de 20 municipios de todo el país, entre ellos de las provincias de Tarragona, Valencia, Zamora, Guadalajara, Asturias y Huelva. Forman parte de la comisión ejecutiva de la entidad municipios como Ascó y Cofrentes, con energías nucleares presentes en su territorio y diputaciones. El objetivo ha sido claro desde un principio: arrancar recursos económicos para los ayuntamientos y ciudadanos por el uso lucrativo y beneficio que obtienen de su paisaje y territorio estas empresas.
Rubén Abella, secretario general de la organización explicó que los principales logros de este colectivo han sido a nivel de tributación local. La idea es que si los municipios que acogen producción de energía sufren unas consecuencias colaterales, éstos tengan el mismo trato que los que tienen en sus municipios empresas que se dedican a la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear. En este punto ha sido crucial la inclusión en la Ley del catastro de los aerogeneradores como bienes inmuebles de características especiales (BICES), lo que supone una expectativa de ingresos por el IBI destacable, posibilidad que había quedado inicialmente excluida. Fue a partir del encargo de la Federación Gallega de Municipios cuando el colectivo interpuso en el Supremo un recurso que fue finalmente estimado conllevando la nulidad de parte del reglamento que desarrollaba esta normativa.
El criterio de la asociación es que este tipo de instalaciones eléctricas son a la larga positivos por sus beneficios económicos en forma de puestos de trabajo, impuestos y convenios con los propietarios del parque. "Lo que ocurre es que son municipios pequeños que se encuentran solos y estar unidos y asesorados les servirá para defenderse mejor", abundó Abella. Las inquietudes de los municipios son las mismas. "Se trata de hacer un lobby para ejercer presión a nivel institucional", concluyó el secretario general.
Ante la crisis, estas posibilidades de ingresos no han sido ignoradas por los alcaldes, que se han organizado entorno a esta entidad y conseguir que los parques eólicos tributen como el resto de los inmuebles. "Aún queda camino por recorrer", explicó Abella, que señaló que van a proponer cambios en el impuesto "como reforzar la base imponible en que se liquida el Impuesto de la Construcción". Señaló que la lucha "es por una valoración distinta y más acorde con las instalaciones".
Este colectivo ha mantenido ya contactos con la patronal de la energía Unesa, diversos institutos y con la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA). Ximo Puig, anfitrión del encuentro al que asistieron representantes de Castellfort, Portell, la Mata, Vilafranca, Villores, así como alcaldes de la comarca de los Serranos en Valencia, explicó que entre los acuerdos que se adoptaron figura la necesidad de realizar un estudio de la singularidad del Plan Eólico Valenciano. Para Puig, el mapa eólico implica unos radios de afección de un kilómetro desde el aerogenerador expropiatorio de derechos a muchos ciudadanos y de ordenación territorial a muchos ayuntamientos. Algunos consistorios prevén "van a ser nuevas ordenanzas sobre las líneas de transporte, algo que se planteará a la asociación para ver si es viable o no".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
