Parece que hay cierta decepción porque el Presidente Obama no ha concretado un compromiso mayor para disminuir las emisiones de C02. Sin embargo, no podemos olvidar que Obama y el US Congress sufrieron a los lobbies energéticos, por un lado, y a los verdes, por otro, durante el proceso de aprobación de la American Clean Energy and Security Act, finalmente adoptada el pasado 26 de junio en el Congreso con 219 votos a favor y 212 en contra. Entre otras medidas, una de las más polémicas fue, el compromiso de reducir las emisiones de gas un 17% en el 2020.
Según datos publicados, cerca de 800 empresas y organizaciones contrataron a despachos de lobby en Washington en el 2008, e hicieron un gasto total de 90 millones de dólares. Una de las más destacadas es la American Coalition for Clean Coal Electricity, agrupa a 48 compañías e invirtió 10 millones de dólares para el lobbying en el 2008. Muy conscientes de las promesas de Obama en su campaña electoral, todas las compañías relacionadas –a favor o en contra- del Cambio Climático contrataron un sinfín de lobbies y trazaron estrategias en K Street desde su inicio de la legislatura.
Por mencionar algunos intereses en el proceso de aprobación de la Clean Energy Act, hay que recordar la pugna entre los productores de energía a partir de combustibles fósiles (P.Ej. American Petroleum Institute) y los que producen a partir del Gas natural (America’s Natural Gas Alliance). También ocuparon un lugar importante los productores de biocarburantes, promoviendo el bioetanol a través del maíz (Growth Energy y la Corn Refiners Association), los que defienden la producción con caña de azúcar (American Sugar Cane League) , y otras fuentes de producción liderados por entidades como la New Generation Biofuels (Formerly H2Diesel) y la National Biodiesel Board.
¿Alguien sigue dudando que los lobbies existen y son necesarios para conocer las diversas posturas y necesidades?... Veremos que sucede en la Cumbre de Copenhaguen en diciembre.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
viernes, 11 de septiembre de 2009
LAS MULTINACIONALES DE COMUNICACIÓN/LOBBY DECLARAN EN EL REGISTRO DE BRUSELAS UN 40% MENOS DE LO QUE FACTURAN
Hill and Knowlton declaró 8 M. € ante el Registro de Bruselas, pero facturó 12,8 M. €. APCO oficialmente facturó 12.7 M. €, pero declaró en el Registro 7 millones €. Burson-Marsteller dijo haber facturado 8.9 M. €, pero declaró en el Registro casi dos millones menos.
Algunos se alarman de esta gran diferencia y están acusando a estas compañías -que aunque centradas en la comunicación y relaciones públicas, también hacen lobby- de no ser transparentes, y están pidiendo que declaren toda su facturación ante el Registro, aunque se trate también de actividades no propiamente de lobby frente a las Instituciones Europeas.
No voy a entrar en las cantidades de facturación aportadas, cada empresa publica lo que considera oportuno, y debería haber mecanismos que controlen este apartado. Pero no está claro que estas multinacionales deban hacer públicos todos sus clientes y sus costes, incluidos los que no son de lobby frente a las Instituciones Europeas. Si fuera así, los despachos de abogados también deberían declarar todos sus clientes, por ejemplo. Más aún, cualquier empresa con oficinas en Bruselas, debería declarar toda su facturación -por si acaso-.
Por otro lado, las discusiones teóricas sobre las acciones que deben considerarse propias del lobbying pasan a ser dificultades reales al aplicar la normativa europea. Algunas multinacionales o empresas prefieren declarar lo menos posible y qué mejor que decidir que los servicios de monitoreo de políticas públicas, leyes, reglamentos, no son lobby y por tanto no hay que declararlos; otros opinan que las acciones de comunicación/presión tampoco lo son, y unos cuantos (aquí han pasado lo discutible) que los eventos institucionales con Altos Cargos (Diputados, Comisarios…) son relaciones institucionales, pero no lobby.
A mi juicio el error sería caer en las disquisiciones teóricas. Más bien la Comisión debe definir mejor lo que se debe registrar. No hay que olvidar que el peso de la transparencia en el lobby no está en la Ley que pueda controlarlo, sino en las prácticas de las empresas o multinacionales que lo ejerzan, y tal vez en los mecanismos para sancionar aquellos que quebranten las buenas prácticas.
Seguiremos reflexionando...
Algunos se alarman de esta gran diferencia y están acusando a estas compañías -que aunque centradas en la comunicación y relaciones públicas, también hacen lobby- de no ser transparentes, y están pidiendo que declaren toda su facturación ante el Registro, aunque se trate también de actividades no propiamente de lobby frente a las Instituciones Europeas.
No voy a entrar en las cantidades de facturación aportadas, cada empresa publica lo que considera oportuno, y debería haber mecanismos que controlen este apartado. Pero no está claro que estas multinacionales deban hacer públicos todos sus clientes y sus costes, incluidos los que no son de lobby frente a las Instituciones Europeas. Si fuera así, los despachos de abogados también deberían declarar todos sus clientes, por ejemplo. Más aún, cualquier empresa con oficinas en Bruselas, debería declarar toda su facturación -por si acaso-.
Por otro lado, las discusiones teóricas sobre las acciones que deben considerarse propias del lobbying pasan a ser dificultades reales al aplicar la normativa europea. Algunas multinacionales o empresas prefieren declarar lo menos posible y qué mejor que decidir que los servicios de monitoreo de políticas públicas, leyes, reglamentos, no son lobby y por tanto no hay que declararlos; otros opinan que las acciones de comunicación/presión tampoco lo son, y unos cuantos (aquí han pasado lo discutible) que los eventos institucionales con Altos Cargos (Diputados, Comisarios…) son relaciones institucionales, pero no lobby.
A mi juicio el error sería caer en las disquisiciones teóricas. Más bien la Comisión debe definir mejor lo que se debe registrar. No hay que olvidar que el peso de la transparencia en el lobby no está en la Ley que pueda controlarlo, sino en las prácticas de las empresas o multinacionales que lo ejerzan, y tal vez en los mecanismos para sancionar aquellos que quebranten las buenas prácticas.
Seguiremos reflexionando...
lunes, 3 de agosto de 2009
El auto del TSJV una puerta abierta para el lobby
En este blog hemos discutido un par de veces sobre la existencia de regalos como herramienta habitual de lobby en la política española, imagino que mundial, y en consecuencia hemos desechado la responsabilidad política de Camps y sus funcionarios desde un principio.
El artículo 426 señala que:
1.) a pesar de la literalidad del artículo, que prohibirá cualquier regalo a cualquier autoridad o funcionario público, la razón del artículo era prevenir cualquier decisión injusta o trato de favor que pudiera motivar el regalo, lo que haría que fuera posible recibir regalos siempre que estos no predispusieran para un trato de favor, algo muy difícil de juzgar pero que exigiría al juez un esfuerzo.
2.) el hecho de recibir un regalo que buscara provocar una predisposición favorable en la autoridad o funcionario público para posibles futuribles indeterminados sería objeto de delito.
De ahí que la cantidad, el importe del regalo, fuera un buen elemento de juicio, al igual que las decisiones adoptadas por el cargo público en tiempos futuros, independientemente de la existencia de una relación de causalidad.
Pero del auto del TSJV se deduce una visión todavía más restrictiva del 426, vinculando el regalo a una decisión determinada y dejando fuera del tipo penal esos regalos, muy habituales en el lobby, para preparar el terreno por lo que pueda pasar.
Dice el TSJV:
Nuestra opinión sería que el TSJV para evitar entrar al fondo del asunto que supondría entrar a juzgar la existencia de los hechos y su relevancia en decisiones futuras, decide adoptar una posición que, si se convirtiera en jurisprudencia, casi anularía este tipo penal, ante la dificultad que siempre tiene un tribunal a la hora de entrar a juzgar intenciones. Es obvio que de recibir dádivas no se desprende un trato de favor, pero intentar decir que la dádiva deberá estar motivada por una adjudicación contractual o la obtención de una determinada contraprestación haría que, a partir de ahora, resulte muy difícil aplicar el 426 y que, también a partir de ahora, se abra la puerta para los regalos de los lobbistas de par en par.
El artículo 426 señala que:
La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses. De su literalidad deducimos, o deducíamos que:
1.) a pesar de la literalidad del artículo, que prohibirá cualquier regalo a cualquier autoridad o funcionario público, la razón del artículo era prevenir cualquier decisión injusta o trato de favor que pudiera motivar el regalo, lo que haría que fuera posible recibir regalos siempre que estos no predispusieran para un trato de favor, algo muy difícil de juzgar pero que exigiría al juez un esfuerzo.
2.) el hecho de recibir un regalo que buscara provocar una predisposición favorable en la autoridad o funcionario público para posibles futuribles indeterminados sería objeto de delito.
De ahí que la cantidad, el importe del regalo, fuera un buen elemento de juicio, al igual que las decisiones adoptadas por el cargo público en tiempos futuros, independientemente de la existencia de una relación de causalidad.
Pero del auto del TSJV se deduce una visión todavía más restrictiva del 426, vinculando el regalo a una decisión determinada y dejando fuera del tipo penal esos regalos, muy habituales en el lobby, para preparar el terreno por lo que pueda pasar.
Dice el TSJV:
"Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionarios público". Y añaden: "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".
Nuestra opinión sería que el TSJV para evitar entrar al fondo del asunto que supondría entrar a juzgar la existencia de los hechos y su relevancia en decisiones futuras, decide adoptar una posición que, si se convirtiera en jurisprudencia, casi anularía este tipo penal, ante la dificultad que siempre tiene un tribunal a la hora de entrar a juzgar intenciones. Es obvio que de recibir dádivas no se desprende un trato de favor, pero intentar decir que la dádiva deberá estar motivada por una adjudicación contractual o la obtención de una determinada contraprestación haría que, a partir de ahora, resulte muy difícil aplicar el 426 y que, también a partir de ahora, se abra la puerta para los regalos de los lobbistas de par en par.
jueves, 30 de julio de 2009
El lobby químico expulsado temporalmente del registro de Bruselas
Una noticia más sobre el registro de lobbistas de Bruselas.
La organización europea de la industria química , CEFIC, ha sido expulsada temporalmente del registro voluntario de lobbistas de la Comisión Europea por haber falseado supuestamente la inversión en acciones de lobby.
Cefic representa a 29.000 compañías químicas (30% del mercado químico), 22 asociaciones nacionales y 6 confederaciones europeas, sin embargo, en el registro afirmó haber gastado 50.000 euros en acciones de lobby en el 2007. Teniendo en cuenta que Cefic tiene un presupuesto aproximado de más de 35 millones de euros al año y un staff de 170 personas, ciertamente es difícil creer que hayan invertido sólo 50.000 euros. Tal vez al responsable se le olvidó al menos un cero...
¿Quién les ha denunciado? Ha sido Friends of the Earth Europe (FoEE) quien revisó los datos públicos del registro y encontró el dato.
Parece que la clave del registro voluntario es que haya otros lobbies u organizaciones que lo controlen ya que la Comisión no revisa proactivamente la veracidad de la información entregada . No me parece un mal método, siempre que haya sociedad civil activa y se comprueben las acusaciones...
La organización europea de la industria química , CEFIC, ha sido expulsada temporalmente del registro voluntario de lobbistas de la Comisión Europea por haber falseado supuestamente la inversión en acciones de lobby.
Cefic representa a 29.000 compañías químicas (30% del mercado químico), 22 asociaciones nacionales y 6 confederaciones europeas, sin embargo, en el registro afirmó haber gastado 50.000 euros en acciones de lobby en el 2007. Teniendo en cuenta que Cefic tiene un presupuesto aproximado de más de 35 millones de euros al año y un staff de 170 personas, ciertamente es difícil creer que hayan invertido sólo 50.000 euros. Tal vez al responsable se le olvidó al menos un cero...
¿Quién les ha denunciado? Ha sido Friends of the Earth Europe (FoEE) quien revisó los datos públicos del registro y encontró el dato.
Parece que la clave del registro voluntario es que haya otros lobbies u organizaciones que lo controlen ya que la Comisión no revisa proactivamente la veracidad de la información entregada . No me parece un mal método, siempre que haya sociedad civil activa y se comprueben las acusaciones...
lunes, 27 de julio de 2009
Mercadona teme por su posicionamiento en la AESAN y demás instituciones
ACES se suma a ANGED (Carrefour, Hipercor, Alcampo, Ikea...) y a ASEDAS (Mercadona, Condis, el Árbol, AhorraMás, Consum Cooperativa...) en la firma de un convenio de colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en la Red de Alertas Alimentarias, y desarrolla así una buena relación con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y sus instituciones. ¡Felicidades, ya era hora!
En período de crisis el posicionamiento institucional adquiere mayor importancia tanto para conocer ágilmente las ayudas o subvenciones públicas como para evitar una normativa nueva que agrave más los resultados económicos negativos de las empresas.
Las asociaciones empresariales de la alimentación y distribución se están reactivando con el objetivo de tener más medios para solicitar ayudas o reivindicar necesidades y derechos. En esta ocasión es ACES (Eroski, Sabeco, DIA, Lidl...).
Sin embargo, parece que estos movimientos no están gustando nada al resto de asociaciones, pues aumenta la competencia y se ve amenazado el liderazgo, como le sucede Mercadona, que ha gestionado con gran eficacia su relación con las administraciones públicas tanto valencianas como en las administraciones centrales (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria...), pero puede ver en peligro su protagonismo y control.
En cualquier caso, todos deben aumentar la inteligencia institucional y el lobby estratégico...
En período de crisis el posicionamiento institucional adquiere mayor importancia tanto para conocer ágilmente las ayudas o subvenciones públicas como para evitar una normativa nueva que agrave más los resultados económicos negativos de las empresas.
Las asociaciones empresariales de la alimentación y distribución se están reactivando con el objetivo de tener más medios para solicitar ayudas o reivindicar necesidades y derechos. En esta ocasión es ACES (Eroski, Sabeco, DIA, Lidl...).
Sin embargo, parece que estos movimientos no están gustando nada al resto de asociaciones, pues aumenta la competencia y se ve amenazado el liderazgo, como le sucede Mercadona, que ha gestionado con gran eficacia su relación con las administraciones públicas tanto valencianas como en las administraciones centrales (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria...), pero puede ver en peligro su protagonismo y control.
En cualquier caso, todos deben aumentar la inteligencia institucional y el lobby estratégico...
viernes, 17 de julio de 2009
El Gobierno deberá tomar medidas frente a REDTEL y la Coalición
El próximo 31 de julio se acaba el plazo otorgado por el Gobierno para que lleguen a un acuerdo el lobby que acopia los intereses de los operadores de telefonía REDTEL (Ono, Orange, Vodafone y Telefónica) y la Coalición de Creadores y Editores de Contenidos" (ADESE, ADICAN; ADIVAN, EGEDA, FAP, SGAE y PROMUSICAE).
Pero ni la Coalición ni REDTEL pretenden cerrar un acuerdo antes de esa fecha. La decisión será dejar en manos del Gobierno la responsabilidad de regular sobre este asunto, ya que las posibilidades de autorregulación no parecen factibles por falta de consenso.
La mayoría coincide en que es necesario crear un órgano regulador para la lucha contra las descargas ilegales en internet. Así se recoge en la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007, pero el Gobierno deberá decidir si opta por asignar estas competencias a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como propone la Coalición, o se crea un organismo específico para esta función, como propone REDTEL, y de esta forma tenga mayor independencia del Gobierno.
El Gobierno sufrirá en los próximos meses múltiples presiones: El Gobierno de Estados Unidos, que debe defender a la industria cinematográfica, la industria cultural española con la que Zapatero adquirió unos compromisos en la campaña electoral y las operadoras de telefonía, entre las que está uno de los motores de la expansión internacional de España.
¿Alguien se atreve a seguir diciendo que no existe el lobby en España? De eso vivo, y a mucha honra...
Pero ni la Coalición ni REDTEL pretenden cerrar un acuerdo antes de esa fecha. La decisión será dejar en manos del Gobierno la responsabilidad de regular sobre este asunto, ya que las posibilidades de autorregulación no parecen factibles por falta de consenso.
La mayoría coincide en que es necesario crear un órgano regulador para la lucha contra las descargas ilegales en internet. Así se recoge en la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007, pero el Gobierno deberá decidir si opta por asignar estas competencias a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como propone la Coalición, o se crea un organismo específico para esta función, como propone REDTEL, y de esta forma tenga mayor independencia del Gobierno.
El Gobierno sufrirá en los próximos meses múltiples presiones: El Gobierno de Estados Unidos, que debe defender a la industria cinematográfica, la industria cultural española con la que Zapatero adquirió unos compromisos en la campaña electoral y las operadoras de telefonía, entre las que está uno de los motores de la expansión internacional de España.
¿Alguien se atreve a seguir diciendo que no existe el lobby en España? De eso vivo, y a mucha honra...
martes, 14 de julio de 2009
Amnistía y la justicia universal ¿toplobby o cibercampaña de lobby ciudadano?
Lo descubro en El Mundo. El pasado 19 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó una reforma legislativa que limitaba la jurisdicción de los tribunales españoles, condicionando su actuación a delitos en los que exista una "conexión nacional", como que existan víctimas españolas.
Proximamente la reforma se discutirá en el Senado y amnistía internacional, acompañada de otras 30 ongs ha anunciado una cibercampaña de presión para tratar de lograr que el Senado español rechaze la ley aprobada por el Congreso, con lo que la ley debería volverse a someter a votación en el Congreso necesitando de la mayoría absoluta de los votos para ser aprobada definitivamente.
La realización de una cibercampaña, por parte de Amnistía, no es una novedad, la organización lleva ya un par de años llamando a la acción de proporcionando una serie de herramientas desde su web, y lanzando periódicamente campañas en esta línea a través del correo electrónico. Además de las llamadas a la acción, que suelen estar referidas al envio de correos a una serie de actores claves en el asunto que denuncian, la web ofrece en su tienda otros productos como una serie de salvapantallas, para bajar al ordenador y reenviar a los amigos, o los protestones unos recortables en papel que se adquieren por un euro, y se imprimen en pdf para recortar y montar.
Dado el apoyo con el que esta medida salió adelante es dificil que esta acción obtenga algún fruto, en un sistema político tan partidista como el español en el que los representantes tienen escaso margen de maniobra. Pero además desde el punto de vista del ciberactivismo la campaña parece más bien un manifiesto para asociaciones. Si se tratará de ciberactivismo resulta sorprendente es que, cuando la noticia se encuentra ya en todas las redacciones, la web no recoge todavía la acción, no se ha enviado ningún tipo de correo a la lista de suscripción y, de momento, sólo es posible encontrar en su web una copia del manifiesto y una lista de las asociaciones firmantes, sin ninguna posibilidad de acción. ¿ciberactivismo? O un problema habitual en políticos, ongs y empresas, la comunicación por delante de la acción.
Proximamente la reforma se discutirá en el Senado y amnistía internacional, acompañada de otras 30 ongs ha anunciado una cibercampaña de presión para tratar de lograr que el Senado español rechaze la ley aprobada por el Congreso, con lo que la ley debería volverse a someter a votación en el Congreso necesitando de la mayoría absoluta de los votos para ser aprobada definitivamente.
La realización de una cibercampaña, por parte de Amnistía, no es una novedad, la organización lleva ya un par de años llamando a la acción de proporcionando una serie de herramientas desde su web, y lanzando periódicamente campañas en esta línea a través del correo electrónico. Además de las llamadas a la acción, que suelen estar referidas al envio de correos a una serie de actores claves en el asunto que denuncian, la web ofrece en su tienda otros productos como una serie de salvapantallas, para bajar al ordenador y reenviar a los amigos, o los protestones unos recortables en papel que se adquieren por un euro, y se imprimen en pdf para recortar y montar.
Dado el apoyo con el que esta medida salió adelante es dificil que esta acción obtenga algún fruto, en un sistema político tan partidista como el español en el que los representantes tienen escaso margen de maniobra. Pero además desde el punto de vista del ciberactivismo la campaña parece más bien un manifiesto para asociaciones. Si se tratará de ciberactivismo resulta sorprendente es que, cuando la noticia se encuentra ya en todas las redacciones, la web no recoge todavía la acción, no se ha enviado ningún tipo de correo a la lista de suscripción y, de momento, sólo es posible encontrar en su web una copia del manifiesto y una lista de las asociaciones firmantes, sin ninguna posibilidad de acción. ¿ciberactivismo? O un problema habitual en políticos, ongs y empresas, la comunicación por delante de la acción.
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