La promotora Aifos, cuyos directivos Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y Francisco García están imputados en el «caso Malaya», hizo numerosos regalos a jueces, notarios, registradores, abogados, concejales de la Corporación municipal y funcionarios de Málaga, Almería, Jaén, Granada, Alicante y Madrid, según figura en el sumario.
En los archivos informáticos incautados en las instalaciones de Aifos aparecen una docena de notarios, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Audiencia Provincial de Málaga, así como siete registradores de la propiedad, que recibieron regalos. En la lista figuran personas vinculadas al Ayuntamiento de Marbella, directivos de entidades privadas, ediles de otros ayuntamientos malagueños y funcionarios vinculados al ámbito judicial de varias provincias.
La lista de regalos incluye también a una docena de personas relacionadas con el Ayuntamiento de Mijas, cinco del de Estepona y una del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Según la Policía, la promotora Aifos mediante estos regalos creaba «condiciones favorables a sus intereses empresariales» y vulneraba además «principios éticos y códigos de conducta».
La constructora andaluza ofreció también tratamientos de belleza en el hotel de cinco estrellas Guadalpín. A raíz de este informe de la Policía, la Fiscalía solicitó la apertura de una pieza separada del «caso Malaya» sobre los regalos efectuados por los responsables de Aifos a autoridades y funcionarios públicos de varias provincias no vinculados con el Ayuntamiento de Marbella.
La utilización de regalos, viajes, y tratos de favor se ha convertido desde los orígenes del lobby en uno de sus principales enemigos. A los sobornos directos siguieron las famosas fiestas con alcohol y mujerescreaba «condiciones favorables a sus intereses empresariales» y vulneraba además «principios éticos y códigos de conducta». en hoteles cercanos a Capitol Hill. Luego, tras diversas intervenciones legislativas la cosa se fue sofisticando. El recientemente fallecido Jack Valentí, Presidente durante muchos años de la asociación de productores de Hollywood presumía de invitar a las familias de sus congresistas amigos a los estrenos de las películas más deseadas. No sólo con palomitas sino con limusina, jet privado y en su propia casa.
Aunque la legislación ha tratado de evitarlo las prácticas se han ido superando, a quién no le suenan las invitaciones a políticos a estupendos viajes a al conchinchina, o a cualquier paraiso tropical, para un "agotador" congreso financiado por una u otra asociación de empresarios. Es dificil hacer frente a esto por lo legal desde un marco regulatorio externo. Vemos como según la instrucción la máxima acusación es:
la creación de «condiciones favorables a sus intereses empresariales» y la vulneración además «principios éticos y códigos de conducta».
¿Es suficiente?
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