Como todos sabéis, una de las herramientas estratégicas del lobby son las movilizaciones sociales o lo que en el ámbito anglosajón se denominan "grassroots" que actúan o ejercen presión para defender determinado interés. Nada mejor para explicar este instrumento del lobby que la noticia publicada recientemente sobre los movimientos sociales contra el acuerdo publicitario entre Google y Yahoo...
Stephanie Clifford
Tras el anuncio de Google y Yahoo de una asociación en temas de publicidad, cartas de grupos de consumidores y asociaciones de anunciantes han inundado a los reguladores del gobierno estadounidense, presionándoles para apoyar o bloquear el acuerdo.
Entre las protestas de los grupos de presión habituales había cartas de ciertos grupos de granjeros, incluida la National Association of Farmer Elected Committes, las National Latino Farmers y la Ranchers Trade Association, que argumentaban que como los granjeros usan internet, están preocupados a propósito de un monopolio de Google y Yahoo.
Los granjeros podrían tener otros motivos. Uno de los grupos confirmó que la organización se implicó en el asunto tras hablar con miembros del grupo de presión Raben Group, y que éste a su vez recibió la primavera pasada 30.000 dólares para presionar contra el acuerdo, y los recibió del principal rival de Google, Microsoft, que quería comprar Yahoo.
Este tipo de presión desde la sombra no es nada nuevo en Washington. Pero la lucha en torno a la asociación propuesta entre Google y Yahoo muestra cuánto ha aprendido Microsoft —que fue en su día la piñata de los reguladores de Washington— sobre cómo moverse en esta ciudad desde sus luchas con los reguladores de los 90, y lo que ha de aprender Google todavía.
La esencia del acuerdo es sencilla: permitiría a Google colocar publicidad en los resultados de búsqueda de Yahoo. Pero como Google domina el mercado de la publicidad en buscadores y Yahoo ocupa el segundo lugar, Microsoft y varios anunciantes argumentan que esta asociación podría crear un monopolio y hacer subir los precios de los anuncios.
Se espera que el departamento de justicia estadounidense haga pública una decisión sobre el acuerdo en los próximos días. Cuando la asociación se anunció por primera vez el 12 de junio, el director general de Google, Eric Schmidt, parecía confiado: “Hemos estructurado el acuerdo de forma que pueda pasar la revisión por parte de los reguladores”.
Los ejecutivos de Google y Microsoft empezaron a reunirse inmediatamente con grupos del sector y de los reguladores, intentando influir en sus opiniones. Microsoft, mientras tanto, conseguía cartas de apoyo y presentaba sus opiniones sobre el asunto a distintos grupos de interés.
En septiembre, la Association of National Advertisers y la World Association of Newspapers se habían opuesto públicamente al acuerdo. Google no lanzó una página web donde explicaba su postura (www.google.com/yahoogooglefacts) hasta el 25 de septiembre, más de tres meses después del anuncio del acuerdo. Microsoft, en cambio, creó su página web en la que mostraba su oposición al acuerdo el pasado 15 de julio (www.microsoft. com/Presspass/presskits/google yahoo/default.mspx).
“Hay una vieja norma a la hora de debatir: si no puedes ganar por el contenido, habla del proceso”, escribió Jack Evans, portavoz de Microsoft. “Cualquiera que sugiera que la presión de una sola parte es la culpable de la enorme oposición al acuerdo es que no está escuchando a los anunciantes, editores o grupos de consumidores”. Pero un portavoz de Google tenía una opinión diferente. “No hay duda de que Microsoft ha sido el más activo opositor al acuerdo y ha trabajado duro entre bastidores para generar gran parte de la oposición al acuerdo”, escribió Adam Kovacevich, portavoz de Google. “Pero en Washington, mucha gente ha considerado que estos esfuerzos son simplemente un intento por parte de una gran compañía para frenar la competencia”.
Google está ampliando sus contactos en Washington a todos los niveles. También ha iniciado colaboraciones políticas, y envió delegaciones de ejecutivos a las convenciones demócrata y republicana. Todo esto apunta a que Google aprende rápidamente.
miércoles, 29 de octubre de 2008
lunes, 27 de octubre de 2008
A examen el registo voluntario de lobbistas en la Comisión Europea
A fecha de hoy 27 de octubre sólo se han inscrito 463 "grupos de interés" en el registro voluntario que la Comisión Europea abrió el 23 de junio del presente año. Se habla de que hay 15.000 lobbies actuando en Bruselas, sin embargo, sólo 463 se han registrado ante la Comisión. ¿Será que no hay lobbies que actúen ante la Comisión o que no hay mucho interés por registrarse?
El Vicepresidente de la Comisión Europea Siim Kallas fue muy claro: El registro es voluntario, pero si después de un período de prueba se concluye que este instrumento "voluntario" no es eficaz habrá que hacerlo obligatorio. Los resultados después de cuatro meses parecen apuntar a esta última solución. Veremos qué sucede.
De los 463 grupos registrados, hay 4 despachos de abogados (¿sólo cuatro?), 16 lobistas independientes (¿tan pocos?), 15 despachos de asesores en public affairs, 50 empresas, 186 asociaciones profesionales, 13 sindicatos, 88 ONGs y 7 "Think Tanks".
Los datos no engañan, y el registro voluntario no parece estar dando buenos resultados.
El Vicepresidente de la Comisión Europea Siim Kallas fue muy claro: El registro es voluntario, pero si después de un período de prueba se concluye que este instrumento "voluntario" no es eficaz habrá que hacerlo obligatorio. Los resultados después de cuatro meses parecen apuntar a esta última solución. Veremos qué sucede.
De los 463 grupos registrados, hay 4 despachos de abogados (¿sólo cuatro?), 16 lobistas independientes (¿tan pocos?), 15 despachos de asesores en public affairs, 50 empresas, 186 asociaciones profesionales, 13 sindicatos, 88 ONGs y 7 "Think Tanks".
Los datos no engañan, y el registro voluntario no parece estar dando buenos resultados.
lunes, 13 de octubre de 2008
La Ley peruana del Lobby no se cumple
Una vez más el escándalo que ha salpicado al gobierno peruano ha puesto en duda para algunos la legitimidad de los lobbies. Perú cuenta con una legislación precisa sobre el lobby (Ley que regula la gestión de intereses con la Administración Pública, nº 28024) en el que se exige tanto a las entidades públicas como a los lobbistas a informar sobre los contactos e intereses defendidos. Sin embargo, lo sucedido en este caso de corrupción es que ha habido una asociación ilícita para delinquir y realizar tráfico de influencias, no una actividad de lobby.
Hay que decir que son muchas las voces peruanas que afirman que la ley vigente sobre el lobby parece que no se está cumpliendo ni hay ninguna supervisión para su cumplimiento. Está claro que cualquier ley que no se revisa su cumplimiento o no cuenta con mecanismos adecuados de control se convierte en una ley ineficaz.
Para los que estudiamos la legislación del lobby en el ámbito mundial, tenemos que analizar a fondo el caso peruano.
Aquí os dejo con la noticia que habla de la legislación del lobby en Perú y del reciente escándalo:
EL COMERCIO
Los abogados penalistas consultados explican que lejos de ser un lobby los hechos que involucran a Arias Schreiber, junto a Alberto Quimper (miembro del directorio de Perú-Petro) y Rómulo León, revelan delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias.La gestión de intereses (o lobby) --regulada por la Ley Nº 28024-- es un acto legítimo a través del cual el sector privado ejerce presión sobre algún funcionario público a favor de sus propios intereses. Sin embargo, "está claro que en este escándalo no hubo lobby sino corrupción", explica la economista Patricia Teullet.¿Es posible evitar estos actos? "Solo eligiendo a personas honestas", dice Teullet. Pero también se podría advertir algunos indicios con una mayor transparencia en la información.
La ley de lobbies obliga a todos los funcionarios del Estado --ministros, congresistas, alcaldes y presidente de la República-- a reportar periódicamente a la Sunarp todas las reuniones sostenidas con gestores de interés, sin embargo, nadie la cumple.En cuatro años que lleva la norma, las actas de reunión que ha recibido la Sunarp se cuentan con los dedos. Todo indica que tampoco hay intención de informar sobre estos encuentros, pues, aún no se instala el Tribunal Administrativo Especial encargado de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley.Las entidades tampoco publican en sus páginas web sobre estas gestiones. La Superintendencia de Bienes Nacionales, por ejemplo, colgó hasta el 2005 en su portal de transparencia las actas de reunión sostenidas entre sus funcionarios y algunos lobbistas, pero solo lo hizo ese año. No más."
Los lobbies son legítimos, pero pareciera que las entidades públicas no los quisieran hacer transparentes", dice el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina."Uno de los espacios donde los lobbistas son más visibles es en el Congreso, y también en algunos ministerios, como en el de Energía y Minas, aunque en estos últimos casos no son tan notorios", lo dice una lobbista, la más cumplida de todas, la única de 25 gestores de interés registrados que ha reportado semestralmente a la Sunarp sus reuniones con altos funcionarios: Juliana Reymer Rodríguez.Pero no lo dice solo ella. Lo confirmaron algunos empresarios consultados. Así como los ministerios tienen un coordinador parlamentario en el Congreso (al que llaman enlace), algunos gremios empresariales también tienen los suyos. Esos son los casos de la Sociedad Nacional de Industrias, la de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, entre otros.
Las comisiones de Energía y Minas, Producción, Agraria y Medio Ambiente, son las que más acecho de lobbistas tienen.Juliana Reymer cree que hace falta difundir los alcances de esta norma. Cuenta cómo una vez un congresista se negó a firmar el acta de la reunión que sostuvieron. "Le dije que la ley lo obligaba a hacerlo, pero aún así no quiso, y yo lo tuve que reportar así a la Sunarp", señala. La ley es bastante precisa y obliga a detallar incluso los temas que se tocaron en cada reunión. Percy Medina cree que "una regulación tan compleja la puede hacer inaplicable".Otro tema que se presenta con este escándalo es el de la elección de los miembros de directorio en las empresas públicas. Como se recuerda, el saliente ministro de Energía y Minas Juan Valdivia declaró haber nombrado a Quimper en Perú-Petro solo porque conocía de su trabajo por algunos congresistas apristas.El miembro del directorio de una empresa pública no puede ser abogado particular de una empresa privada interesada en invertir en su sector.
No obstante, solo algunas instituciones se preocupan por regular ciertos criterios a la hora de elegir a sus representantes. Por ejemplo, a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor de Indecopi se los obliga a no litigar ni asesorar a ninguna de las empresas que acudan a la institución, incluso hasta un año después de culminado el vínculo con la comisión. El representante de Transparencia considera que "deberían existir criterios más claros en la elección del miembro de un directorio".Los especialistas consultados coincidieron en que por lo menos modificando estos aspectos y con una información más transparente se podrían advertir otros casos de corrupción.
Hay que decir que son muchas las voces peruanas que afirman que la ley vigente sobre el lobby parece que no se está cumpliendo ni hay ninguna supervisión para su cumplimiento. Está claro que cualquier ley que no se revisa su cumplimiento o no cuenta con mecanismos adecuados de control se convierte en una ley ineficaz.
Para los que estudiamos la legislación del lobby en el ámbito mundial, tenemos que analizar a fondo el caso peruano.
Aquí os dejo con la noticia que habla de la legislación del lobby en Perú y del reciente escándalo:
EL COMERCIO
Los abogados penalistas consultados explican que lejos de ser un lobby los hechos que involucran a Arias Schreiber, junto a Alberto Quimper (miembro del directorio de Perú-Petro) y Rómulo León, revelan delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias.La gestión de intereses (o lobby) --regulada por la Ley Nº 28024-- es un acto legítimo a través del cual el sector privado ejerce presión sobre algún funcionario público a favor de sus propios intereses. Sin embargo, "está claro que en este escándalo no hubo lobby sino corrupción", explica la economista Patricia Teullet.¿Es posible evitar estos actos? "Solo eligiendo a personas honestas", dice Teullet. Pero también se podría advertir algunos indicios con una mayor transparencia en la información.
La ley de lobbies obliga a todos los funcionarios del Estado --ministros, congresistas, alcaldes y presidente de la República-- a reportar periódicamente a la Sunarp todas las reuniones sostenidas con gestores de interés, sin embargo, nadie la cumple.En cuatro años que lleva la norma, las actas de reunión que ha recibido la Sunarp se cuentan con los dedos. Todo indica que tampoco hay intención de informar sobre estos encuentros, pues, aún no se instala el Tribunal Administrativo Especial encargado de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley.Las entidades tampoco publican en sus páginas web sobre estas gestiones. La Superintendencia de Bienes Nacionales, por ejemplo, colgó hasta el 2005 en su portal de transparencia las actas de reunión sostenidas entre sus funcionarios y algunos lobbistas, pero solo lo hizo ese año. No más."
Los lobbies son legítimos, pero pareciera que las entidades públicas no los quisieran hacer transparentes", dice el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina."Uno de los espacios donde los lobbistas son más visibles es en el Congreso, y también en algunos ministerios, como en el de Energía y Minas, aunque en estos últimos casos no son tan notorios", lo dice una lobbista, la más cumplida de todas, la única de 25 gestores de interés registrados que ha reportado semestralmente a la Sunarp sus reuniones con altos funcionarios: Juliana Reymer Rodríguez.Pero no lo dice solo ella. Lo confirmaron algunos empresarios consultados. Así como los ministerios tienen un coordinador parlamentario en el Congreso (al que llaman enlace), algunos gremios empresariales también tienen los suyos. Esos son los casos de la Sociedad Nacional de Industrias, la de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, entre otros.
Las comisiones de Energía y Minas, Producción, Agraria y Medio Ambiente, son las que más acecho de lobbistas tienen.Juliana Reymer cree que hace falta difundir los alcances de esta norma. Cuenta cómo una vez un congresista se negó a firmar el acta de la reunión que sostuvieron. "Le dije que la ley lo obligaba a hacerlo, pero aún así no quiso, y yo lo tuve que reportar así a la Sunarp", señala. La ley es bastante precisa y obliga a detallar incluso los temas que se tocaron en cada reunión. Percy Medina cree que "una regulación tan compleja la puede hacer inaplicable".Otro tema que se presenta con este escándalo es el de la elección de los miembros de directorio en las empresas públicas. Como se recuerda, el saliente ministro de Energía y Minas Juan Valdivia declaró haber nombrado a Quimper en Perú-Petro solo porque conocía de su trabajo por algunos congresistas apristas.El miembro del directorio de una empresa pública no puede ser abogado particular de una empresa privada interesada en invertir en su sector.
No obstante, solo algunas instituciones se preocupan por regular ciertos criterios a la hora de elegir a sus representantes. Por ejemplo, a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor de Indecopi se los obliga a no litigar ni asesorar a ninguna de las empresas que acudan a la institución, incluso hasta un año después de culminado el vínculo con la comisión. El representante de Transparencia considera que "deberían existir criterios más claros en la elección del miembro de un directorio".Los especialistas consultados coincidieron en que por lo menos modificando estos aspectos y con una información más transparente se podrían advertir otros casos de corrupción.
martes, 7 de octubre de 2008
Un lobby musical
Hace unos días se anunció en Gran Bretaña la creación de "The Featured Artists Coalition". Radiohead, The Verve, Kaiser Chiefs, Klaxons, Kate Nash y hasta el propio Robbie Williams, se han juntado para unir fuerzas contra la industria musical y conseguir más derechos por lo que ellos hacen, es decir, sus canciones, con las que las discográficas se nutren sin piedad.
Radiohead, The Verve, Kaiser Chiefs, Klaxons, Kate Nash y Robbie William han creado un grupo de presión (un lobby con todas las de la ley) para conseguir mayor control de su música frente a la industria. El grupo se llama The Featured Artists’ Coalition, el cual busca cambiar las tornas del sistema. Ellos quieren tener el copyrigth de su música, y después alquilárselo o negociarlo con los sellos. Además pretenden controlar el uso de su música, dónde, cómo y de qué formas es vendida. Por no hablar ya de los derechos de autor y sus ventas.
Es un golpe en toda regla. Ni Motín del té ni otro In Rainbows (2007, XL Recordings) que lanzar gratis, una declaración de derechos que puede dar al traste con la concepción actual del mercado, porque los grupos que están detrás de este lobby son de los más importantes actualmente (en especial Radiohead y el gigante Williams).
Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, ha dicho al respecto:
'Para nosotros, esto no es una situación fácil de cambiar, y creemos que todos los artistas y músicos deberían unirse.'
Si empiezan a unirse artistas a la causa, esto puede convertirse en algo increíble.
Fuente: Hipersonica
ANGOLAGATE: ¿LOBBYING O TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
Comienza en París el macrojuicio contra los presuntos culpables de haber realizado ventas ilegales de armas a Angola. Contactos políticos, difusión de los intereses a través de la prensa, coaliciones empresariales, todo ello son acciones propias del lobbying, pero no todo parece que se ha quedado ahí. En realidad lo que hay es una venta ilegal, sobornos y compensaciones económicas para funcionarios que otorguen trato de favor. ¡Qué fácil es pasar del terreno de la legalidad del lobbying al tráfico de influencias, al soborno! Por eso en la opinión pública se confunde fácilmente el lobbying que este tipo de operaciones oscuras. A los lobbistas nos toca defender las buenas prácticas y la legalidad de esta honorable profesión.
Euronews
La Justicia francesa ha comenzado hoy a juzgar a los 42 imputados en la presunta venta ilegal de armas al país africano entre 1993 y 2000. En el banquillo de los acusados se sentarán políticos, banqueros y empresarios, periodistas y escritores.
En el centro de la trama se sitúa el empresario francés Pierre Falcone, presente en el juicio. Según la acusación, las transacciones armamentísticas fueron realizadas por la compañía francesa Branco Internacional, propiedad de Falcone, y por una filial eslovaca.
La investigación se remonta a 1993, cuando Angola vuelve a caer en una guerra civil. Luanda, la capital, está bajo la amenaza de los rebeldes de la Unita. El presidente, José Eduardo Dos Santos necesita armas y víveres. El Elíseo primero y el Quay d’Orsay posteriormente desoyen sus peticiones de ayuda.
El asunto llega a los oídos de estos dos hombres de negocios: Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak, actualmente refugiado en israel y sobre el que pesa una orden de arresto. Ambos revenden a precio de oro viejo material militar soviético a Angola, sometida en esa época a un embargo armamentístico de la ONU y obtienen márgenes de hasta el 50%.
En esta diplomacia paralela reciben la ayuda de Jean Christophe Mitterrand, consejero para asuntos africanos en el Elíseo e hijo mayor del entonces presidente. Mitterrand estuvo tres semanas en prisión preventiva entre diciembre de 2000 y enero de 2001 hasta que su madre, Danielle, pagó la fianza de más de 33.000 euros.
También en el banquillo de los acusados Charles Pasqua ex ministro del Interior y su antiguo brazo derecho en el ministerio, Jean Charles Marchiani por hacer lobbying a favor de los intereses angoleños a cambio de ayuda para sus actividades políticas.
Jacques Attali un personaje muy influyente en la política francesa también habría tenido un papel determinante en la resolución de los problemas fiscales de una de las sociedades pantalla de Falcone y Gaydamak
En cifras, el asunto pesa 790 millones de dólares. Los dos instigadores, al igual que Pacua y Marchiani que habrían percibido 311 000 dólares podrían ser condenados a 10 años de cárcel. Mitterand a cinco años, al igual que Attali y el escritor Paul Lou Sulitzer por su influencia en los medios.
Euronews
La Justicia francesa ha comenzado hoy a juzgar a los 42 imputados en la presunta venta ilegal de armas al país africano entre 1993 y 2000. En el banquillo de los acusados se sentarán políticos, banqueros y empresarios, periodistas y escritores.
En el centro de la trama se sitúa el empresario francés Pierre Falcone, presente en el juicio. Según la acusación, las transacciones armamentísticas fueron realizadas por la compañía francesa Branco Internacional, propiedad de Falcone, y por una filial eslovaca.
La investigación se remonta a 1993, cuando Angola vuelve a caer en una guerra civil. Luanda, la capital, está bajo la amenaza de los rebeldes de la Unita. El presidente, José Eduardo Dos Santos necesita armas y víveres. El Elíseo primero y el Quay d’Orsay posteriormente desoyen sus peticiones de ayuda.
El asunto llega a los oídos de estos dos hombres de negocios: Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak, actualmente refugiado en israel y sobre el que pesa una orden de arresto. Ambos revenden a precio de oro viejo material militar soviético a Angola, sometida en esa época a un embargo armamentístico de la ONU y obtienen márgenes de hasta el 50%.
En esta diplomacia paralela reciben la ayuda de Jean Christophe Mitterrand, consejero para asuntos africanos en el Elíseo e hijo mayor del entonces presidente. Mitterrand estuvo tres semanas en prisión preventiva entre diciembre de 2000 y enero de 2001 hasta que su madre, Danielle, pagó la fianza de más de 33.000 euros.
También en el banquillo de los acusados Charles Pasqua ex ministro del Interior y su antiguo brazo derecho en el ministerio, Jean Charles Marchiani por hacer lobbying a favor de los intereses angoleños a cambio de ayuda para sus actividades políticas.
Jacques Attali un personaje muy influyente en la política francesa también habría tenido un papel determinante en la resolución de los problemas fiscales de una de las sociedades pantalla de Falcone y Gaydamak
En cifras, el asunto pesa 790 millones de dólares. Los dos instigadores, al igual que Pacua y Marchiani que habrían percibido 311 000 dólares podrían ser condenados a 10 años de cárcel. Mitterand a cinco años, al igual que Attali y el escritor Paul Lou Sulitzer por su influencia en los medios.
lunes, 6 de octubre de 2008
Viajar invitado puede ser un problema
Según informe El País,
La invitaciones a viajes con excusas varias es una de las prácticas habituales de los grupos de presión, en España, y creo que en Europa, no existe aún regulación alguna que los prohiba, la cuestión es si el viaje se puede relacionar con una resolución favorable, y si esta debería ser injusta o arbitraria, para que viajar invitado sea considerado delito.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado considera que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, debe ser investigado por un supuesto delito de cohecho en el caso Salmón, durante su periodo como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Fuentes cercanas al caso han informado de que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, se personará por ello en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC) contra Soria, también presidente del PP en Canarias, a raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa.
Dicha denuncia está relacionada con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario de Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng. El citado informe tuvo lugar en fechas posteriores al viaje realizado por ambos.
La denuncia que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, también fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
La invitaciones a viajes con excusas varias es una de las prácticas habituales de los grupos de presión, en España, y creo que en Europa, no existe aún regulación alguna que los prohiba, la cuestión es si el viaje se puede relacionar con una resolución favorable, y si esta debería ser injusta o arbitraria, para que viajar invitado sea considerado delito.
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