El caso "Taguas" me ha hecho revisar los archivos del caso "Barroso", y la adjudicación a La Sexta de la licencia para emitir en abierto, que puede extenderse durante esta legislatura a la autorización para cobrar por los partidos de fútbol a través de la TDT.
La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos vigente exige a los altos cargos inhibirse de determinados asuntos relacionados con sus antiguos negocios: "Los que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil (padres, hermanos, hijos)", según la normativa. Aunque en ocasiones se suele argumentar que que "la actividad empresarial previa a su designación forma parte de su esfera privada" (sic).
La licencia se adjudicó a la Sexta en noviembre de 2005. En ese momento ejercía como y algunos parientes directos han mantenido durante los últimos años negocios con los principales accionistas de La Sexta y que algunos de estos se prolongaron hasta su nombramiento como secretario de Estado de Comunicación.
No ha quedado claro su situación accionarial en ese momento. Quizás lo más llamativo sea su actuación en DGP Producciones (cuyo objeto declarado es el "asesoramiento en técnicas televisivas") en las que Barroso ejerció tanto en junio de 2004 como en octubre de 2005 rubricando sendas suscripciones de ampliación de capital de esta firma tiene un inmovilizado de 2,2 millones de euros y unos ingresos que superan los 140.000 euros anuales.
lunes, 19 de mayo de 2008
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